2002-2018, la herencia Uribe-Santos

Tras ocho años, Juan Manuel Santos deja el gobierno: presidente de apariencias, artero y falsas promesas; y de realizaciones dispares. Antes que él, Álvaro Uribe también mandó por igual cantidad de años. ¿Administraciones antagónicas o complementarias? Las apariencias dicen una cosa, la realidad otra.

La Constitución colombiana de 1991 abolió la reelección presidencial. Sin embargo, en 2005 la Corte Constitucional avaló la reforma de la Carta Magna, tramitada por el Congreso en 2004, que autorizó la reelección presidencial inmediata. Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fueron favorecidos, cada uno gobernó durante ocho años. ¿Qué le heredan a la presidencia de Duque?

A partir del 7 de agosto, el régimen uribista preside el país durante un tercer período (2018-2022), esta vez en cuerpo ajeno (Duque). Además del poder ejecutivo, controla el legislativo: concentra el 80 por ciento de los 280 escaños parlamentarios, entre Cámara y Senado. El tándem Uribe-Duque buscará reformar el poder judicial; impulsar en el Congreso la eliminación de la Corte Constitucional, reculando hacia la organización de la Constitución de 1886, de una sola Corte Suprema, dotada de salas especializadas al servicio de la persecución política. Esta dictadura en ciernes da razón a Acemeglu y Robinson, autores del libro “Por qué fracasan los países”, quienes resaltan “la institucionalización del proyecto paramilitar en extensos territorios colombianos y en el Estado mismo” (1).

Uribe-Santos: visiones de desarrollo y gobierno

El imperio español transfirió a las colonias su sentido de superioridad racial y la explotación clasista, la gran hacienda y la economía extractiva, la corrupción y la búsqueda de rentas, subyacente a una noción de autoridad y orden fundamentada en la jerarquía, el Estado patrimonial y la opresión violenta. Durante la Conquista y la Colonia, los españoles echaron las bases de un sistema centralista; la República acentuó y robusteció esta tradición. La triada Uribe, Santos y Duque comparten y asumen en su gestión esta herencia, con la visión y praxis que implica.

Ante este trasfondo histórico, defensa del estatus quo versus modernización, fractura y enfrenta a las clases dominantes. Los defensores de la tradición, arropados en ideologías de extrema derecha, integran una oligarquía lumpen que combina todas las formas de lucha para reproducir su monopolio del poder, desde la manipulación de las conciencias a través de las iglesias y los medios de comunicación, la mentira y el odio, el latifundio como símbolo de poder político y reconocimientos social, el desprecio por la democracia y los derechos humanos, hasta la alianza con la delincuencia organizada, el emprendimiento criminal de actividades fraudulentas y la apropiación corrupta de lo público.

Los modernizantes, por su parte, son arribistas y constitucionalistas. También se identifican con las doctrinas de derecha. A pesar de la condición nacional periférica y atrasada, pretenden crear una historia que, no obstante ser ficticia, satisface su conducta de advenedizos: anhelan la integración del país a la dinámica económica internacional y pertenecer a los “diferentes clubs” de los países ricos. Genuflexos ante el imperio y las transnacionales, atraen capital, tecnología y asistencia político-militar, otorgándole privilegios a los extranjeros para la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los recursos naturales y el control de la economía nacional.

Durante el período histórico de 2002 a 2018, estas dos cosmovisiones de la oligarquía nacional se imbricaron hasta llegar a la simbiosis política, personificada en los gobiernos de Uribe y Santos. Esta síntesis constituye el legado con el cual Duque dirigirá a Colombia en los años 2018-2022. 
Es una visión de la sociedad y del poder implícita en sus planes de desarrollo (ver imagen) que sintetizan los objetivos y estrategias de desarrollo que enmarcaron ambos gobiernos durante 16 años.

Modernización, conflicto rural y violencia

La concentración de la tierra es causa de las condiciones estructurales de la violencia en el campo y de la reproducción crónica del conflicto interno, desde siempre. Unido al genocidio, los españoles sometieron a los indígenas imponiéndoles elevados impuestos pagaderos en dinero que sólo podían obtener trabajando para los conquistadores, prohibiéndoles cultivos cuyos frutos podían comerciar por otros conductos, quitándoles las tierras y obligando a las familias empobrecidas a enviar a sus miembros activos a trabajar en las haciendas, en las minas o como servidores domésticos. El exterminio de la población indígena condujo a que los españoles instauraran un régimen esclavista, con población traída violentamente desde África.

Los siglos pasan, no así la visión y el ejercicio del poder, pues cuando los pueblos originarios o las comunidades campesinas intentan modificar esta historia de infamia, la respuesta institucional y de la clase dominante es constante: el asesinato de los líderes de la comunidad, su apresamiento, la confiscación del patrimonio y el desplazamiento forzoso masivo. Así lo podemos constatar en tiempos recientes.

Veamos. El siglo XX está caracterizado por crecientes luchas campesinas, indígenas y negras en contra del régimen latifundista y el saqueo minero-energético, en realidad contiendas por el acceso a la tierra que han chocado con los intereses de los gobiernos de turno y de los inclementes terratenientes.

Con particularidades. Las propuestas de los gobiernos que impulsan políticas de reforma agraria comparten cuatro características: marginales y no afectan la estructura de tenencia de la tierra, discontinua, fragmentarias y han estado relacionadas con esfuerzos parciales para aclimatar la pacificación rural.

En el polo opuesto, terratenientes, grupos de extrema derecha, paramilitares y transnacionales, impulsan de manera eficaz contrarreformas agrarias que concentran aún más la tierra. La Violencia de las décadas 1940-50 despojó a los campesinos de 380.000 hectáreas, causó 300.000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces sumaba 11 millones de habitantes. Como una constante hija de un modelo de poder y de gobierno, la violencia de 1964 a 2018 deja, hasta el momento, un saldo de ocho millones de víctimas, 254.000 asesinatos y 6,7 millones de hectáreas despojadas, esto es el 15 por ciento de la superficie agropecuaria del país.

Según cifras del Registro Único de Víctimas, desde 1985 hasta 2018, 7,3 millones de personas fueron desplazadas, constituyendo al nuestro como el país de más desplazados internos del mundo. Es un hurto de la tierra. En la actualidad, el 77 por ciento de ésta reposa en manos de 13 por ciento de propietarios, pero el 3,6 por ciento de estos concentra el 30 por ciento de la tierra. El 80 por ciento de los pequeños campesinos cuenta con menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), son microfundistas. El 68 por ciento de los predios registrados en catastro clasifican en pequeña propiedad, pero esta sólo cubre el 3,6 por ciento de la superficie productiva.

Realidad que no parece tener solución. Durante los gobiernos de Uribe y Santos, la concentración de la tierra y la desigualdad crecieron en el campo. El índice Gini rural, que mide la desigualdad, pasó de 0,74 a 0,88. La mayor concentración de la propiedad está en las zonas ganaderas y en aquella donde se explotan recursos minero-energéticos. De 39,2 millones de hectáreas que hoy se usan en la actividad ganadera, solo 21 millones son aptas para ella; en contraste, de las 21,5 millones de hectáreas de tierra con capacidad agrícola, solo se usan 4,9 millones; además, 2,5 por ciento de la tierra apta para agricultura está sembrada de biocombustibles como caña y palma. En paralelo, la mayor concentración de la tierra, la violencia exacerbada y la miseria, están ubicadas territorialmente en los lugares donde las fuerzas políticas del establecimiento dominan y controlan, es decir, espacios en los cuales el “sistema democrático” está capturado por grupos de interés y donde el proyecto paramilitar de la extrema derecha está institucionalizado.

Es un ejercicio del poder económico, político, militar y social, con claros y nefastos resultados. Los gráficos 1 y 2 muestran los efectos durante el último siglo de la persistente violencia en el campo: caídas verticales de la participación relativa de la población rural y de la producción agraria en los totales del país, correlacionadas con los ciclos de la violencia, la expansión de actividades minero- energéticas y la desindustrialización gradual.

Durante los dos períodos del gobierno Uribe (2002-2010), la población rural como proporción del total del país descendió de 25,4 por ciento a 22,3; en tanto, el índice promedio de homicidios por cien mil habitantes fue de 43,6. A lo largo del mandato Santos (2010-2018) continuó la tendencia de desalojar el campo para darle cabida al proyecto modernizante impulsado por los empresarios agroexportadores y la expansión minero-energética, en 2018 los habitantes rurales sólo representan el 18,2 por ciento del total de habitantes del país; el índice de homicidios mantuvo un promedio de 27,9 por ciento. Además, un componente de la guerra liderada por los sectores derechistas fue “quitarle el agua al pez”, esto es, eliminar o desplazar a las comunidades que en su criterio apoyaban a la guerrilla.

Durante 2002-2010, se desató la guerra frontal, con el apoyo del gobierno estadounidense, en contra de las comunidades rurales y de la insurgencia campesina de las Farc (Santos fue el ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, desde 2006 hasta 2009).

Durante la presidencia de Santos prosiguió el proyecto de pacificación, pero con un cambio de estrategia: negociación y artimaña. Una vez logrado el objetivo del desarme de la insurgencia, la oligarquía traiciona los acuerdos con los que se ponía fin a tal parte del conflicto armado interno. De acuerdo con sus intereses, desfiguraron a su favor los ítems correspondientes a las reformas agraria, política; también blindaron a políticos, empresarios y militares para no tener que asumir responsabilidades de la guerra, decir la verdad ni ser enjuiciados. La justicia especial se convirtió en una herramienta de venganza y persecución. En paralelo, arrancó el aniquilamiento de los excombatientes inermes y el enjuiciamiento con fines de extradición de sus dirigentes.

Frente a la insurgencia que ha hecho de la soberanía nacional y la defensa de los recursos minero-energéticos el sentido de su lucha, el Eln, la clase en el poder se inclina por “congelar” la negociación y prolongar la guerra fratricida. Si bien el índice de homicidios disminuye, los grupos hegemónicos saben dosificar la violencia, ahora predomina la estrategia de guerra de baja intensidad, regionalizada, focalizada y los asesinatos selectivos cometidos por las variopintas fuerzas armadas, legales e ilegales, que cuentan con “patente de corso” ante el triunfo indiscutible de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias y presidencial de 2018.

En oposición a la reforma agraria tantas veces reclamada por los pobres del campo, la oligarquía impulsa, de una parte, las actividades extractivas minero-energéticas en las zonas antiguamente ocupadas por la insurgencia de las Farc y, de otra, el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales. Con este fin aprobaron en 2016 la ley 1776 de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres).

El gráfico 1 muestra la recuperación económica del campo durante los últimos tres años, producto de la implementación del modelo empresarial agroindustrial, la parcial pacificación rural y la expansión de las actividades minero-energético, ganaderas y agroexportadoras. La herencia Uribe-Santos deja en su punto más alto la conflagración agraria, prolongando la historia de frágil democracia y autonomía local, destrozo del tejido social de las comunidades rurales, eliminación de sus líderes sociales, desplazamiento forzoso de la población, destrucción del ambiente, saqueo de la riqueza natural y concentración de la propiedad territorial mediante el despojo. El clásico estudio de Ronald H. Coase (1910-2013), premio Nobel de Economía 1991, “El problema del costo social” (1960), advertía que existe el peligro real de que la intervención extensiva del Gobierno en el sistema económico puede conducir a la protección de los responsables de los efectos dañinos (2).

Población, economía y empleo

La estructura ocupacional de la población es una función de su composición por edades y clases, de la naturaleza de sus recursos, de su tamaño, de la historia económica, de la estratificación e ingreso real por habitante.

Durante 2002-2018, la población colombiana aumentó en 8,5 millones de personas, actualmente bordea la cifra de cincuenta. Su relación con el mundo del trabajo está asociada a la dinámica económica nacional, que depende de los ciclos del capitalismo global y del nivel de precios de las materias primas en el mercado internacional (Gráfico 3).

En el primer período de gobierno de Uribe (2003-2006), el ritmo anual de la economía creció en promedio 5,2 por ciento, en el segundo (2007-2010) se desaceleró a 4 por ciento. En el ejercicio presidencial de Santos, el promedio de crecimiento de la economía fue de 4,9 por ciento durante 2011-2014 y de 2,4 por ciento en el cuatrienio 2015-2018. La tendencia es recesiva en los últimos 16 años, producto de la caída en la renta petrolera, la pérdida de productividad del aparato productivo y del impacto negativo en la demanda de los estratos medios y bajos por el aumento en el IVA a la canasta familiar.

Pese a ello, en lo corrido del siglo XXI, el ingreso per cápita anual de los colombianos aumentó 1,6 veces; pasó de 7,1 millones (2001) a 11,5 millones (2018). Durante los dos períodos presidenciales de Uribe aumentó 29,5 por ciento y en el gobierno de Santos 17,5 por ciento (Gráfico 4).

Por su parte, la fuerza de trabajo ocupada en el sector agropecuario perdió participación relativa durante los dos períodos de gobierno de Uribe y el primero de Santos: de 20,5 por ciento cayó a 15,5 por ciento. Durante el último período de la administración Santos, esta rama de actividad se recupera levemente y contribuye con el 16,2 por ciento de la población ocupada (Gráfico 5). La disminución de la proporción del empleo registrada en la agricultura no se compensa exactamente con la proporción en que se incrementa la ocupación manufacturera o del sector terciario. El resultado es la precarización del mercado laboral.

Durante los 16 años analizados, la industria manufacturera y los servicios comunales, sociales y personales perdieron participación dentro de la estructura de empleo en Colombia: de 13 a 12,4 por ciento, en el primer caso y de 22,3 a 19,4 por ciento, en el segundo. La generación de puestos de trabajo se registra en las ramas de actividad de la construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; estas actividades económicas tienen en común ser intensivas en fuerza de trabajo, pero generan, en la mayoría de los casos, empleos informales, de bajos salarios e inestables.

La explotación de minas y canteras, el suministro de electricidad, gas y agua, y la intermediación financiera, son ramas económicas intensivas en capital: solamente contribuyen, en conjunto, con el 3 por ciento del empleo en el país, durante el periodo 2002-2018, pero gozan de las tasas más altas de rentabilidad y acumulación en el conjunto de actividades económicas.

Es esta una realidad que afecta la vida diaria de la mayoría de connacionales, mucho más cuando no existe una reciprocidad entre las estructuras ocupacional y productiva de la economía (comparar los gráficos 5 y 6).

Al revisar esta parte de nuestra historia, sobresale cómo las fuerzas económicas trascienden los períodos políticos y se sobreponen a las “buenas intenciones” de la política pública. Más aún, los gobiernos Uribe-Santos profundizaron el neoliberalismo que impuso el gobierno Gaviria entre 1990-1994, privatizando y desnacionalizando el aparato productivo. Las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registran una pérdida inercial de importancia relativa en el conjunto de la economía criolla durante 2002-2014 de 9,3 a 6,1 por ciento; en 2018 logra recuperarse al 7,6 por ciento (la tendencia es similar al comportamiento de la ocupación rural en estos años, pero con mayor impacto laboral dado que es un sector intensivo en fuerza de trabajo).

De las 12 ramas de actividad, según información y clasificación del Dane, siete perdieron importancia relativa durante los años 2002 a 2018 y cinco la aumentaron. El sector agropecuario perdió 1,7 puntos porcentuales; la explotación de minas y canteras -2,5; la industria manufacturera -2,2; suministro de electricidad gas y agua -1,3; información y comunicaciones -1,0; actividades inmobiliarias -1,3; y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, unidas a actividades de los hogares individuales -0,2 por ciento.

En paralelo, la estructura productiva nacional tiende a la tercerización. El aparato económico se aglutina alrededor de la construcción (aumentó 2,9 puntos porcentuales), Comercio, reparación, restaurantes y hoteles (creció 1,6), actividades financieras y de seguros (aumentó 1,8), actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (aumentó 2,9) y administración pública y defensa; seguridad social; Educación; Salud y Servicios sociales (creció 1,0). En esta última rama, sobresale el Estado como uno de los principales empleadores: el número de puestos de trabajo públicos es de un millón cien mil, los que representan el 4,9 por ciento de los 22,7 millones de ocupados con que cuenta el país; el costo de la nómina pública equivale a 23 por ciento del total de los pagos salariales en el país.

Política fiscal, poder y desarrollo

El premio Nobel de economía 1982, George Stigler (1911-1991), atribuía gran importancia en el diseño de la política económica a la existencia de grupos de interés que, haciendo uso de las instituciones de poder del Estado, obtienen beneficios a costa de los consumidores o de los contribuyentes. De acuerdo con esta explicación, el objetivo de la regulación no es el bien común, sino la defensa de los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.

Es por ello que para la mayoría de los gobernantes es más fácil gravar a los grupos que los rechazan y eximir a quienes les brindan respaldo; y esto desempeña un papel tan importante en la determinación de la distribución de la carga fiscal, como las consideraciones de equidad, pobreza, incentivos o ahorro.

En su desarrollo, la política fiscal colombiana se caracteriza por un crónico déficit y la alta inflexibilidad en la fuente de recursos y en la estructura de gasto. El sistema es bastante regresivo, la cultura fiscal de los ricos se fundamenta en la evasión o elusión en el pago de sus compromisos de impuestos, de una parte, y en las exenciones y subsidios al capital que les otorga el gobierno. Los ingresos públicos tienden a concentrarse en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las retenciones en los pagos de nómina u honorarios aplicados a la fuerza de trabajo. Los ingresos reales de los trabajadores y los sectores populares, y por ende su capacidad real de consumo, se ven reducidos a la par que aumenta la carga tributaria. Como primer acto de gobierno, el presidente electo, Duque, presentará un nuevo proyecto de reforma tributaria al Congreso, cuyo contenido profundiza la tendencia descrita, en esencia, la reducción del imporrenta empresarial.

Cambio en la estructura de gasto

Colombia registra un cambio profundo en la estructura de gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN) ocasionado por la transformación en las funciones del Estado, la implementación del modelo neoliberal y por la Constitución aprobada en 1991. Al comparar la estructura del gasto por funciones del Estado, entre mediados del siglo XX y comienzos del XXI, se observa, 1) el capital financiero tomó el comando de la economía; en consecuencia la financiarización conlleva una mayor transferencia de recursos del Estado hacia los bancos, nacionales y extranjeros; 2) la privatización y desnacionalización del aparato productivo registra un abandono de la función del Estado relacionada con el apalancamiento del capital y, por ende, un control de la economía por parte del sector privado; 3) al gasto presupuestario actual lo caracteriza, de una parte, una orientación hacia el consumo público o gubernamental y no la inversión pública o gubernamental, de otra, una concentración en gastos improductivos (fuerza pública, conflicto interno, asistencialismo social orientado al consumo y no al fomento de actividades productivas); 4) la dependencia de las dotaciones naturales y el modelo extractivo que caracteriza el crecimiento económico conlleva a que no se tengan en cuenta los impactos negativos sobre el ambiente (Gráfico 7).

Es una dinámica económica con otros signos negativos. Durante los dos períodos consecutivos de gobierno de Uribe, la servidumbre al capital especulativo financiero absorbió, en promedio, el 31,4 por ciento del presupuesto público; la función reguladora del Estado representó 12,2 por ciento; la militarización de la sociedad y las funciones represivas concentraron el 16,1 por ciento; el gasto orientado a la acumulación de capital y al mantenimiento de las condiciones ambientales se vio fuertemente reducido, sólo recibieron el 6 por ciento del gasto público; las transferencias asistenciales hacia los más pobres y los gastos destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo participaron con el 34,2 por ciento.

A la vez, el gasto público según funciones del Estado, durante el doble mandato de Santos, redujo la servidumbre al capital financiero a 22 por ciento y los costos de regulación Estado-sociedad a 9,7 por ciento, expresión de la profundización del modelo neoliberal. Los gastos en “seguridad” se elevaron, en promedio a 17,6 por ciento. El gasto orientado al apalancamiento de la acumulación de capital y en reproducción de la fuerza de trabajo concentró la mitad del presupuesto público, en particular por el impulso a la construcción de infraestructura, el apoyo al sector de la educación y los subsidios a los pensionados de altos ingresos.

El presupuesto que ejecutará Duque en su primer año de gobierno fue estructurado bajó la administración saliente de Santos. El PGN de 2019 mantiene la participación del pago de deuda pública (amortización e intereses) en 22,2 por ciento; el gasto en fuerza pública también se mantiene en 17,5 por ciento. La función de regulación Estado-sociedad aumenta a 10 por ciento del PGN; de manera similar el gasto orientado a apoyar la acumulación de capital eleva su participación a 7,8 por ciento. Dos funciones pierden importancia relativa: el gasto social o reproducción de la fuerza de trabajo cae a 42,2 por ciento (los recursos para la restitución de tierras, eje de la reforma agraria pactada en los acuerdos de paz, es recortada en 69%) y la sostenibilidad de las condiciones ambientales mantiene el 0,3 por ciento tradicional. Pago de la deuda pública, educación, defensa y pensiones se llevan la mayor parte del gasto público de 2019.

El fisco es siempre explotador y el apetito fiscal de las codiciosas autoridades en todos los niveles de gobierno no tiene como saciarse. Las necesidades financieras del gobierno colombiano aumentan constantemente, en virtud de que el sector público crece con más rapidez que la economía en su conjunto. Esto puede medirse en varias formas: en términos del número de personas empleadas por el gobierno, en términos de los recursos ocupados por él, o en términos de la proporción que representan los impuestos en el ingreso nacional. El Estado nacional mantiene unas condiciones de gasto por encima de las posibilidades de la sociedad y la economía nacional, situación reflejada en un endeudamiento público creciente, un déficit fiscal crónico y una inflación inercial (gráficos 8 y 9).

En particular, la inflación y el endeudamiento público, combinados con la tasa de progresión de las estructuras tributarias, permiten que la participación fiscal en el valor total del producto aumente en términos relativos y absolutos. En paralelo, la formación de capital se ve afectada negativamente y los niveles de vida de los trabajadores y los sectores populares se reducen sustancialmente al perder capacidad adquisitiva sus ingresos.

La deuda pública es una carga para el futuro, afectando también a hijos y nietos. De acuerdo con los estudios del premio Nobel de Economía 1986, James McGill Buchanan (1919-2013), el gobierno no sólo no “paga como puede”, sino que tampoco utiliza productivamente los fondos tomados en préstamo. El crédito obtenido a cambio de títulos que componen la deuda pública se usa en gran parte para financiar el consumo público. El financiamiento de los gastos gubernamentales corrientes mediante endeudamiento equivale a “devorar” el valor del capital nacional. Si definimos el valor capital descontando un flujo esperado de ingresos futuros, entonces cualquier desviación de dichos ingresos reduce este valor. Y lo hace de la misma manera como la haría el consumo de bienes de capital.

En esta senda, la inflación es, primordialmente, un sustituto de los impuestos, la decisión de recurrir a ella es, ante todo, de carácter político. La inflación tiende a destruir el valor de todos los activos y demandas expresadas en unidades monetarias. A mediados del siglo XX se pensaba, de manera equivoca, que si bien el gasto público generaba inflación, éste tenía el efecto benéfico de reducir el desempleo. La experiencia histórica demostró que la recurrencia de esa política produjo la “estanflación”, esto es, alta inflación y alto desempleo simultáneos. Según Milton Friedman (1912-2006), premio Nobel de Economía 1976, la volatilidad creciente de la inflación y el alejamiento de los precios relativos frente a los valores que determinarían por sí solas las fuerzas de mercado se combinaron para volver menos eficiente el sistema económico y promover una intervención arbitraria del Estado, para introducir fricciones en todos los mercados y, muy probablemente, para aumentar la tasa del desempleo registrado (3).

Durante los ocho años de la presidencia de Uribe, el promedio del déficit fiscal fue de -3,8 por ciento y el endeudamiento público de 45,7 por ciento, ambos indicadores respecto al PIB. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se redujo al promedio de 2,9 por ciento (si bien en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento (en 2018 la deuda pública del Spnf representa 52,7% del PIB). Uribe y Santos dejaron al país metido en un oscuro e incierto hueco fiscal y adicionalmente endeudado y sometido a los intereses del capital financiero nacional y extranjero.

Los dos períodos del gobierno Uribe registraron niveles más altos de desempleo e inflación comparativamente con la administración Santos. Durante el período 2002-2010 el promedio de la tasa de desempleo fue 12,9 por ciento y el de la inflación (IPC) de 5,2 por ciento; en contraste, en los años 2011-2018 la tasa promedio de desempleo fue de 9,8 por ciento y la inflación se redujo a 3,9 por ciento, teniendo en cuenta la presión política del capital financiero por mantener políticas monetarias y fiscales que conserven el poder adquisitivo del dinero y de las inversiones, sobre todo las extranjeras. El desempleo estructural gira alrededor del 10 por ciento y la informalidad laboral en 60 por ciento.

Desarrollo social

Una sociedad puede obtener un alto desarrollo económico, en el sentido de aumentar el producto por habitante, sin que la gran mayoría de la población se beneficie, porque la creciente producción enriquece sólo a unos cuantos poderosos. De acuerdo con Angus Deaton, premio Nobel de Economía 2015, el bienestar de una sociedad no puede ser juzgado con base en su promedio sin considerar la desigualdad, y tampoco ser juzgado por una o más de sus partes sin atender al todo en su conjunto. En complemento, la evolución del ingreso debe verse desde tres diferentes perspectivas: crecimiento, pobreza y desigualdad. El crecimiento se refiere al promedio y a sus cambios, la pobreza alude a los de abajo y la desigualdad cuán ampliamente se distribuye los ingresos entre las clases, las familias o las personas (4).

La desigualdad es una característica histórica y estructural de la sociedad colombiana, su manifestación más elocuente es la concentración del ingreso. Durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales (Gráfico 10).

Estructuralmente, en nuestro país, la clase rica representa el 10 por ciento de la población y se queda con el 45 por ciento del ingreso producido anualmente por el trabajo de la sociedad; peor aún, el uno por ciento de los estratos altos concentra el 20 por ciento del ingreso nacional, adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático. A la clase media pertenece el 40 por ciento de la población y tiene una participación simétrica en los ingresos del país. Los sectores populares constituyen el 50 por ciento de los habitantes y reciben sólo un 15 por ciento del total de los ingresos. Ni Uribe ni Santos intentaron modificar esta injusta y desigual estatificación socio-económica.

La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas de una vida digna, por falta de recursos, como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a tales recursos; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad, empleo precario o un nivel bajo de ingresos. Asimismo, la pobreza es el resultado de la explotación de una clase por otra, puede ser también el resultado de procesos de exclusión, segregación o marginación social; también es provocada por la corrupción y la guerra.

Durante los dos periodos de la presidencia de Uribe, el nivel promedio de personas viviendo en condiciones de pobreza por insuficiencia de ingresos se mantuvo en 45,2 por ciento a nivel nacional, en la zonas urbana el valor del indicador fue de 41,2 por ciento y en la rural de 57,2 por ciento. Bajo las administraciones Santos, la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Más que pobreza, en el campo colombiano hay indigencia: mientras en las ciudades los indigentes son el 7 por ciento, en el campo alcanzan el 33 por ciento; este es el resultado de décadas de abandono, olvido, violencia, explotación y despojo. Como bien lo afirmó el premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, la pobreza no la crea la gente pobre, ésta es producto del sistema que hemos creado.

W. Arthur Lewis (1915-1991), premio Nobel de Economía 1979, documentó históricamente que las clases dirigentes y los gobiernos pueden dar origen al estancamiento económico o a la declinación del desarrollo social por el fracaso en mantener el orden, por robar a los ciudadanos, por fomentar la explotación de una clase por otra, por restringir el comercio exterior o fomentar intercambios desiguales con extranjeros, lesivos a los intereses y soberanía de la nación, por descuidar la satisfacción de las necesidades esenciales de la población, por un excesivo laissez-faire, por falta de libertades, irrespeto y violación de los derechos humanos, por un gasto improductivo excesivo y cargas impositivas regresivas, y por mantener conflictos internos sin resolver o emprender guerras costosas (5). En Colombia, la miopía y mezquindad de la oligarquía le impide aprender de la historia o aplicar el conocimiento humano acumulado. Por ejemplo, políticos, funcionarios civiles, militares y empresarios, se consideran con derecho natural a hacer fortunas mediante el cohecho, el peculado, el nepotismo o mediante contratos que los favorezcan. La acumulación por despojo también es una práctica naturalizada en la cultura de la clase dirigente. La estructura impositiva castiga al trabajo y beneficia al gran capital. Todo esto, en conjunto, es lo que hereda el nuevo gobierno en Colombia.

A la luz de esta realidad, lo que tenemos entre Uribe y Santos es continuidad, legada a Duque, con lo cual encontramos una política de Estado que habla de una unidad de clase profundizada en materia social y económica, aunque tensionada políticamente en la manera cómo deben ser resueltos los conflictos internos, armados y sociales. Al final, el establecimiento ahonda su dominio y control y los sectores alternativos siguen buscando una vía para sobreponerse a tantos años de políticas de todo orden contrarias a sus intereses, necesidades y dignidad. ¿Por cuántos años más?

1. Acemoglu, Daron; Robinson, James, “Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”, Editorial Planeta, Colombia, 2012, p. 447.
2. Coase, Ronald H., “El problema del costo social”, La empresa, el Mercado y la Ley, Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 114.
3. Friedman, Milton, “Inflación y desempleo”, Conferencia en homenaje de Alfred Nobel, pronunciada en Estocolmo el 13 de diciembre de 1976. 
4. Deaton, Angus, “El gran escape: salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad”, FCE, Chile, 2015, p. 213.
5. Lewis, W. Arthur, “Teoría del Desarrollo Económico”, FCE, México, 1955, pp. 446-448.

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Información adicional

• Autor:Libardo Sarmiento Anzola
• País:Colombia
• Región:Suramérica
• Fuente:Le Monde diplomatique Nº180, edición Colombia, agosto de 2018