Escrito por Alejandra Correa B.
La hidroeléctrica antioqueña Hidroituango, programó para junio de 2018, la inundación del embalse que compromete todo el Cañón del Cauca, dejando de lado la violación de derechos que ha representado el proyecto para las comunidades campesinas y pesqueras de los municipios del norte de Antioquia. Ante la falta de respuestas y soluciones concretas por parte de las firmas inversoras y del Gobierno nacional y departamental, durante el último mes las comunidades optaron por las movilizaciones pacíficas en el municipio de Sabanalarga, pero hasta el momento la única respuesta es la fuerza militar.
A dos meses de que inunden 70 km del embalse en el Cañón del Cauca con el propósito de generar 2.400 MW de energía eléctrica, las Empresas Públicas de Medellín –EP–, la Gobernación de Antioquia y las distintas alcaldías de los municipios ubicados en este territorio, ignoran los efectos socioambientales que desde el 2010 le ha representado a las poblaciones el megaproyecto. Campesinos, pescadores y barequeros de los 12 municipios del norte del departamento, quienes un día fueron víctimas del conflicto armado, se enfrentan hoy a un desarraigo resultado del desarrollo que tanto profesa Hidroituango.
Las comunidades de Valdivia, Ituango, Briceño, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Peque, Sabanalarga, Liborina, Buriticá, Olaya y Santa Fe de Antioquia; municipios afectados por el megaproyecto, tienen un contexto histórico de lo que el Movimiento Ríos Vivos denomina vaciamiento del territorio: con un aproximado de 72 masacres, muchos de los caminos de estos municipios cargan con el recuerdo del recorrido de terror y sangre ejecutado por grupos paramilitares, quienes en muchas ocasiones, no a gusto con los asesinatos puntuales, mataron a todas y todos aquellos que se encontraron a la salida y entrada de los pueblos. Además de las 980 desapariciones forzadas registradas en el periodo 1958-2017. (Ver Recuadro 1).
Recuadro 1.
Según Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos capítulo Antioquia, en entrevista con desdeabajo, “empezamos a encontrar coincidencias históricas en términos de las temporalidades y geografías, municipios como Valdivia y Santa Fe de Antioquia –que es un municipio del que no se habla pero que tiene muchas muertes–, que son las puntas del cañón, es justo donde está ubicada la zona de afectación de Hidroituango; también el recorrido de muerte de la masacre del Aro, es el mismo recorrido que hoy tiene la vía sustitutiva entre Puerto Valdivia y la zona de presa. Y Yarumal, sitio desde donde comandaban la situación del cañón, contando, además, con un número alto de masacres y desapariciones. Por eso se habla de vaciamiento del territorio, porque a raíz de esos hechos, quedaron pocas comunidades, algunas retornaron porque no aguantaron vivir aquí en la ciudad y otras se quedaron viviendo en los municipios cercanos como Sabanalarga, pero el vaciamiento también fue de las ganas de vivir, de luchar por lo que siempre ha sido su territorio”.
| “ustedes no pueden venir a decir que son pescadores porque aquí no hay peces” -Parte del discurso de EPM |
La modalidad de masacre se vivió en el norte de Antioquia hasta el año 2005, para dar inicio a los asesinatos selectivos de líderes sociales, coincidiendo con los inicios de la obra de la hidroeléctrica en el 2010, época en la que se dispararon los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, crimen que, para Isabel Zuleta, no existe ante los ojos del Estado colombiano. Las familias campesinas, pesqueras, barequeras y mineras que aún viven en estos municipios, además de tener 2 y 3 hechos victimizantes, ante los daños ambientales y sociales que les genera Hidroituango tienen un desgaste en su capacidad de organización para denunciar y reclamar sus derechos, porque tienen muy presente que la única respuesta del Estado es la fuerza pública y los crímenes de lesa humanidad. (Ver recuadro 2).
Recuadro 2. Alerta por heridos en desalojo de Hidroituango en Sabanalarga –Antioquia
El pasado 12 de abril, mientras las comunidades de los municipios afectados por el megaproyecto realizaban una movilización pacífica en el municipio de Sabanalarga, lugar al que se comprometió llegar la Fiscalía, la Procuraduría y la Gobernación de Antioquia, incumpliendo con su asistencia, ordenaron a la fuerza pública para que atentara en contra de más de 180 manifestantes, dejando 6 personas heridas y a las demás controladas por el ejército y la policía.
¿En qué va la relación de las comunidades con EPM, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías?
Para Isabel, la relación mantenida desde siempre con las autoridades y las firmas inversoras ha sido, es y seguirá siendo muy desigual. Las autoridades, principalmente EPM, abusan de su posición de poder para intimidar a las comunidades y negarles el derecho de reclamar frente a lo que es suyo, su estrategia se basa en entablar las negociaciones con los campesinos a puerta cerrada, donde no haya un movimiento como Ríos Vivos y cualquier otro, que pueda entrar a jugar a favor de la comunidad y por el contrario se encargan de llevar todo tipo de profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros, hidrólogos y demás, para lograr convencer a las personas de que lo mejor es darle paso al modelo de desarrollo que plantea Hidroituango y convencerlos de que cualquier posición crítica y política es equivocada e incluso absurda.
“Empresas Públicas de Medellín –EPM– es un actor absurdamente arrogante, es un actor que siempre está humillando a la gente, presumiendo de su poder, y que cuando se dan muestras de poder popular de manera masiva, lo hecho por este actor es requerir del poder militar, porque es el único que, ante esa muestra, puede superarlo”, afirmó la vocera de Ríos Vivos.
Un factor que agrava la situación es el atropello que desde siempre ha sufrido el conocimiento popular y ancestral de parte de las comunidades. Hidroituango ha llegado al punto de desconocer la tradición pesquera existente en los municipios, labor de la cual han vivido muchas familias. Para los ingenieros e hidrólogos de EPM, es un mito que en el río Cauca existan peces, para ellos las condiciones de velocidad, profundidad y cauce del agua no son propicias para la existencia de estos, situación que confronta a los pescadores porque aquellos que llegan y creen saberlo todo, desconocen totalmente su cotidianidad y pretenden imponer formas de vida que además de no ser adecuadas, son violentas.
Además de los pronunciamientos concretos de Hidroituango, con los que se niega a negociar o conversar con el Movimientos Ríos Vivos, hay que tener presente la actitud comportada por administraciones departalmentales como la dirigida por Sergio Fajardo y su sucesor Luis Pérez Gutiérrez, negadas a reconocer las tradiciones y economía de las comunidades afectadas por este proyecto.
Sin derecho a existir
Entre todos los atropellos en contra de las comunidades, para el Movimiento Ríos Vivos uno de los más fuertes radica en el desconocimiento de la existencia de los campesinos, pescadores y barequeros de la zona norte del departamento. EPM y el gobierno local en una de las reuniones con la comunidad afectada, afirmaron que los habitantes en la zona eran muy pocos, que solo eran unos avivatos que tenían un interés económico, pero que, al no haber los suficientes habitantes en las zonas intervenidas por el megapoyecto, este saldría mucho más económico. (Ver recuadro 3).
Recuadro 3. Perdiendo sus ranchos
En la noche del pasado 12 de abril, 5 familias del municipio de Ituango, vecinas del río Cauca, perdieron sus ranchos, por lo que se vieron obligados a adentrarse en el monte para poder pasar la noche. De acuerdo a Oliva, una de las afectadas, “más o menos a eso de las 6:00 de la tarde vimos que estaba lloviendo pero no pensamos en que el río fuera a crecer mucho, pero ya a las 7:00 de la noche tuvimos que sacar lo que más pudimos de los ranchos donde estábamos habitando porque nos inundamos, pero ya el agua cogió más fuerza y los tumbó, por eso nos vinimos a pasar la noche al monte y esperar a mañana a ver qué pasa”. Las familias creen que este fenómeno se debe a un posible bloqueo en los túneles de desviación del agua por parte de Hidroituango. Las familias, luego de perderlo todo, quedan a la espera de una reparación.
Las comunidades del norte de Antioquia solo son testigas de la transformación de la violencia que los hostiga diariamente, sobre todo en la supuesta transición a la paz en la que se encuentra Colombia, periodo en el que las garantías de derechos humanos para quienes defienden la vida y la naturaleza han representado más muerte y terror. Lo que no logran entender las autoridades y los inversionistas es que los daños sociales y ambientales que les han generado a los municipios y sus pobladores no se resuelve con un bono económico para que ellos se desplacen a otros territorios y no obstaculicen los proyectos, sino que, y por el contrario, deben garantizar unas mejores condiciones de vida como un principio básico de lo que llaman desarrollo y progreso. (Ver recuadro 4).
Recuadro 4. Pliego de peticiones
- - Reparación integral de las afectaciones
- - La dignidad y derecho a la verdad
- - Respeto por lo ambiental
- - Para el movimiento, uno de los problemas en los intentos de concertación con Hidroituango es la claridad que tienen en los puntos anteriores. Las comunidades exigen su derecho a ser reparadas de manera integral por las afectaciones que hasta ahora ha significado la hidroeléctrica, exigen su derecho a mantener intacta su dignidad y con esta el derecho a la vida, a la educación, al trabajo y a la salud; además de saber la verdad sobre las masacres, dónde están sus seres queridos, por qué los asesinaron, los desplazaron y los desaparecieron y por qué aún en tiempos de paz la violencia parece tomar otras formas que son iguales o mucho más fuertes de las que ya han soportado.
Paramilitarismo y extractivismo
Los 12 municipios comprendidos en el territorio ocupado por la hidroeléctrica cuentan como mínimo con la presencia de 1 grupo paramilitar, de acuerdo con el informe “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”, en el que también se afirma que son los grupos reconocidos como Los Pachelly, ACN y Los Rastrojos quienes en su mayoría cuentan con el control del territorio del norte del departamento, los que a su vez ejercen control en otras zonas como el Valle de Aburrá. Durante el 2017 se registró un fuerte crecimiento de las estructuras de estos grupos paramilitares, en el caso puntual de ACN, un grupo producto del agrupamiento de las distintas bandas de los municipios de Bello y Medellín, quienes, conservando su autonomía, son auspiciados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Una de las especulaciones que envuelve a Hidroituango es que la energía producida en la hidroeléctrica será vendida a otros países, para Isabel Zuleta y el Movimiento Ríos Vivos, esta afirmación no es del todo cierta, porque entre mayor distancia tenga que recorrer la energía para llegar a su punto de consumo mayor es la cantidad de potencia que pierde. Esta consideración también es apoyada por el informe de “Presencia de grupos paramilitares y sus dinámicas en Antioquia”, donde se relacionan las múltiples concesiones mineras que hay en los municipios afectados, sin contar con las solicitudes que se encuentran en proceso, correspondiendo al Estado, y los intereses que representa, convertir este territorio en un sector fuerte en hidroelectricidad y minería. Actualmente el municipio de Ituango cuenta con 18 títulos mineros, Briceño 20 y Buriticá tiene la triste realidad de que es más grande la concesión que el mismo municipio. Lo cual permite deducir que Hidroituango tendrá como prioridad surtir de energía a cada una de las multinacionales mineras del norte de Antioquia.
La relación entre el paramilitarismo y el fenómeno extractivo que acecha a los territorios se soporta en el hostigamiento que sufren las comunidades, por parte de los grupos armados que protegen el capital privado, al momento de mostrarse la comunidad en contra del avance de la obra. En sus testimonios, los habitantes expresan su temor a estar cerca a una de las maquinarias que usa Hidroituango, pues en varias ocasiones han presenciado como los grupos paramilitares llegan a incendiarlas por el no pago de la cuota que debe darles EPM y el resto de la junta administrativa del megaproyecto. Para las comunidades es claro que estos dos actores trabajan de la mano y en contra del beneficio colectivo por el que luchan los campesinos, pescadores y barequeros. (Ver recuadro 5).
Recuadro 5. ¿Dónde están los desaparecidos?
“Es muy difícil porque aquí en el territorio como movimiento nos discriminan, como comunidad nos discriminan, también tenemos un problema y es que no tenemos garantías para salir a reclamar los derechos, entonces nos asesinan y nos desaparecen. Para nosotros es muy difícil hablar o decir algo en contra de la empresa porque sino hay sustento de esto, lo que hacen es que nos judicializan, nos meten a la cárcel, nos desplazan o nos asesinan.
Algunas personas de los distintos municipios se han movilizado ahora en Sabanalarga en contra de la tala del bosque en el río Cauca, tala que está generando un peligro para nosotros y nos están dañando los ranchos que tenemos en los ríos, sin contar con la migración de los animales que se está dando; nos están obligando a salir como desplazados por el temor a que nos caiga una piedra o un árbol encima.
Otro tema es que no queremos que se llene el embalse hasta que no se recuperen los cuerpos de los familiares, amigos y conocidos desaparecidos y asesinados, porque para nosotros es una memoria histórica, lo único que queremos es que no se llene hasta que no se saquen todos los cuerpos y estos cuenten con una tumba donde se les pueda llorar y se tenga la tranquilidad de dónde están. Personalmente tengo un sobrino desaparecido que no sabemos si está vivo o muerto y quisiera saber dónde está, lo mismo pasa con todos los demás que están desaparecidos".
Cecilia, habitante de Puerto Valdivia.
Informaciòn tomada de Periódico desdeabajo
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