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Avanza gigantesca planta de energía termo solar en Chile con Acciona y Abengoa España

Las gigantes de la energía renovable de España Acciona y Abengoa han unido esfuerzos para llevar la mejor tecnología termosolar a Chile y...

sábado, 30 de junio de 2018

Decisión de ANLA no impide continuar trabajos en Hidroituango: Federico Gutiérrez


BLU Radio. Hidroituango / Foto: AFP.BLU Radio. Hidroituango / Foto: AFP.

El mandatario local hizo un balance de cómo va el proyecto, el lleno prioritario de la presa, el manejo del vertedero y el control de monitoreo.


Luego de que se conociera la resolución 820 del primero de junio de este año, donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ordena la suspensión de las obras regulares de Hidroituango, el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Federico Gutiérrez, afirmó que el acto administrativo no impide que ellos puedan continuar trabajando en las obras para superar la contingencia que se presenta desde hace dos meses. 

El mandatario local hizo un balance de cómo va el proyecto, el lleno prioritario de la presa, el manejo del vertedero y el control de monitoreo. 

Vea aquí: 
ANLA había ordenado suspender obras de Hidroituango hace un mes

“En nada impide la decisión del ANLA en que podamos continuar con lo que estamos haciendo actualmente. Se deben presentar otros estudios, que la empresa está haciendo y se tienen que terminar. Estamos hablando de un proyecto donde todos losesfuerzos han estado concentrados para evitar pérdida de vidas humanas”, afirmó el mandatario.
Gutiérrez reiteró que la empresa continúa en el proceso de mitigar todos los riesgos y en la atención a las comunidades para luego iniciar con la recuperación del proyecto.


Información tomada de www.bluradio.com

Operario de Electricaribe resultó herido tras recibir descarga eléctrica


BLU Radio.trabajador electricaribe herido/Foto:CortesiaBLU Radio.trabajador electricaribe herido/Foto:Cortesia

Estaba haciendo unas reparaciones de un daño en un poste de energía.



Un operario de la empresa Electricaribe identificado como David Echavez resultó herido luego de recibir una descarga eléctrica cuando reparaba un daño en un poste de energía en el barrio Bellavista, en el municipio de Malambo.

Vea también:Instalación de tanque de agua más grande de Barranquilla va por buen camino: AMB 

De acuerdo con algunas personas del sector, el trabajador se subió al poste para reparar un cable que se había dañado y el sector se encontraba sin energía. Al parecer, el técnico hizo contacto con el cable y recibió la descarga eléctrica quedando colgado por varios minutos.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Malambo lo bajaron y lo trasladaron hasta el centro asistencial del municipio.

La empresa Electricaribe, a través de un comunicado, lamentó el hecho donde resultó herido el contratista. Indicó que se encuentra recibiendo atención médica para verificar la gravedad de las quemaduras en su cuerpo.

Información tomada de bluradio.com.co

viernes, 29 de junio de 2018

Apuros de plata obligan a Electricaribe a pedir fiado

 
28 de junio 2018 , 07:33 p.m.
La alternativa de solución debe permitir mantener la continuidad del servicio y la protección de los derechos de usuarios y acreedores.
Foto: Guillermo González / EL TIEMPO

La idea de que Electricaribe tuviera un respaldo financiero, a través de una garantía soberana de la Nación, a fin de operar este año sin afanes de dinero y realizando las inversiones mínimas para al menos no deteriorar más sus indicadores de servicio (pérdidas de energía y cortes no programados) sigue en el papel.Mientras toda esta semana el agente interventor, Javier Lastra, cumple un arresto de 8 días por negarse a cumplir una tutela que ordenó el pago de 2.000 millones de pesos a 13 pensionados, correspondientes a acreencias previas a la intervención, la compañía está ‘pasando aceite’ y ni siquiera ha podido atender los mantenimientos preventivos de sus equipos de red.

Según conoció EL TIEMPO de fuentes enteradas de la situación, las cuentas que se hicieron para este año, luego de que el Consejo Nacional de Política y Social (Conpes) aprobara en noviembre una segunda garantía soberana de 320.000 millones de pesos para la compañía, a través de una fiducia en el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, están cada vez más descuadradas, pese a la insistencia de esta entidad y la del Ministerio de Minas y Energía.

La razón es que, luego de siete meses de ser aprobados dichos recursos, el trámite no ha sido ejecutado por el Ministerio de Hacienda, lo cual ha hecho que la empresa solo pueda atender las compras de energía (con prepagos usando dinero de caja) y los mantenimientos de la red, quedando sin recursos para las inversiones mínimas.

Pero en las últimas semanas las cosas han pasado de castaño a oscuro, a tal punto que para sostener la prestación del servicio no ha habido otra salida que pedirles fiado a los proveedores (menos a los generadores), por ejemplo, a los que surten los materiales, a los que hacen las lecturas de los consumos para facturar y a los que reparten las facturas, entre otros, para que permitan plazos de pago más largos, que en todo caso tienen límites.

Incluso, en medios locales de la costa Atlántica se ha mencionado la preocupación de los empresarios de la región Caribe, pues señalan que en la empresa comienzan a bajar los inventarios de transformadores, pararrayos, crucetas y cables, entre otros.
El descuadre
Uno de los factores más complejos para que la empresa tenga este estrés financiero es que, según fuentes del sector eléctrico, a la fecha está teniendo que pagar por anticipado el 70 por ciento de la energía que compra, ya que luego de la intervención en el 2016, y ante la falta de dicho aval de la Nación para este año, los generadores no le despachan si no ha girado primero el dinero.

Al comienzo de año, Electricaribe proyectaba que con estas garantías iba a tener en total 470.000 millones de pesos para respaldar la compra de su energía y liberar así 230.000 millones de pesos para inversiones prioritarias en su red, pero por la situación estos recursos no llegarían ni a la mitad.

En medio de estas demoras y de los trámites para el giro de subsidios por parte del Ministerio de Hacienda, la compañía quiso gestionar un crédito de 110.000 millones de pesos con Findeter para que a través de la recuperación de cartera se hicieran inversiones en zonas específicas (pago de deudas a cambio de mejoras de red) en las regiones, pero la cifra solo llega a 2.000 millones de pesos y no ha sido posible recuperar deudas viejas de los entes territoriales.

No obstante, este jueves, la superintendente de Servicios Públicos, Rutty Paola Ortiz, reveló que el decreto que da vía libre a las garantías por 320.000 millones de pesos salió a consulta hace un par de días y que estará en esa fase hasta el 11 de julio.

Mientras que la funcionaria confía en que para finales de julio se pueda materializar el aval que permita financiación con la banca, quienes están en el día a día de la empresa esperan que esto se logre, pues mientras tanto siguen trabajando con las uñas. “Electricaribe no da más”, reiteró otra fuente.
¿Y los recursos para la solución estructural?
Luego de que el Gobierno dijera que en julio se abre la convocatoria para los inversionistas que apuesten a inyectar mínimo 7,3 billones de pesos en 10 años a Electricaribe, en Twitter el agente interventor, Javier Lastra, dijo que tras saber si hay interés, el paso siguiente será consolidar, en igualdad de condiciones, la mejor opción técnica y financiera.

Esto hará que la propuesta estatal, para que los acreedores financieros operen la empresa a cambio de capitalizar la deuda (se les deben $ 1,8 billones), deba esperar a esa fase. Entre tanto, la siguiente preocupación de la compañía es cómo se va a presentar, ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la propuesta del expediente tarifario para esos 10 años, cuyo plazo es el 19 de julio, y que supone invertir en redes mínimo 730.000 millones cada año en promedio. 

El reto no es menor, ya que luego de presentarle a la Creg dicho plan de inversiones, estas se deben ejecutar como se planearon cada año, para obtener reconocimientos adicionales en las tarifas a cobrar, pero si no se llevan a cabo, hay una penalidad y dicho monto baja, lo cual, en el caso de Electricaribe, afectaría su plan de recuperación.

Incluso, es factible que algunas de las propuestas vengan acompañadas de exigencias de créditos al Gobierno, pues en círculos del Ejecutivo se ha planteado la opción de iniciar este proceso con otro aval del Conpes por 730.000 millones de pesos, figura que genera incertidumbre por las recocidas demoras para su aplicación.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
Información tomada de http://www.eltiempo.com

El reportero Max Blumenthal destapa el financiamiento del NED-USAID para ejecutar un golpe en Nicaragua

Resistencia 2.0 Blog Resistencia 2.0

El reconocido escritor y bloguero norteamericano, Max Blumenthal, publicó recientemente un amplio reportaje donde destapa el plan de financiamiento del organismo National Endowment for Democracy (NED), para ejecutar el golpe de Estado en Nicaragua, a través del Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M-19), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas ( IEEPP ) y la llamada Alianza Cívica por la Democracia.


A continuación el reportaje de Bluementhal: 

Mientras que algunos medios de comunicación corporativos han retratado al violento movimiento de protesta que atrapa a Nicaragua como una corriente progresista de base, los propios estudiantes del país han dejado ver todo lo contrario.

A principios de junio, un reducido grupo de activistas opositores de Nicaragua fueron a reunirse a Washington, DC, con la cabeza del grupo derechista de defensa del Estado estadounidense Freedom House. El grupo opositor, conocido como M19, estaba allí para suplicar a Donald Trump y otros funcionarios de derecha del gobierno de los Estados Unidos que los ayudaran en su lucha contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega.

En una gira a la capital de EE. UU., los dirigentes del M19 posaron para las fotos con algunos de los neoconservadores más notorios del Congreso de los EE. UU .: los senadores Ted Cruz y Marco Rubio y la representante Ileana Ros-Lehtinen. Los M19 también fueron guiados a las reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado y la organización de poder bélico USAID. Allí, se les aseguró que contarían con el apoyo rotundo de Washington.

Un mes antes de las reuniones del M19 con legisladores ultraconservadores en Washington, una publicación financiada por el brazo de cambio de régimen del gobierno de Estados Unidos, National Endowment for Democracy (NED), afirmó sin rodeos que las organizaciones respaldadas por NED han pasado años y millones de dólares "sentando las bases para la insurrección" en Nicaragua.


Este artículo que se jacta abiertamente de la intromisión de los Estados Unidos se publicó en el sitio web de noticias enfocado en América Latina, Global Americans, y fue escrito por el académico estadounidense Benjamin Waddell , director académico de la Escuela de Capacitación Internacional en Nicaragua. Después de la publicación de este artículo, Global Americans reemplazó el término "insurrección" con la palabra más inocua "cambio". Sin embargo, el título original aún se puede ver en la URL del artículo.

A pesar de la alteración cosmética, el artículo de Waddell ofrece una evaluación notablemente sincera del impacto de las inversiones sostenidas de National Endowment for Democracy en la sociedad civil nicaragüense. Las conclusiones del autor se hicieron eco inadvertidamente de las del presidente nicaragüense Daniel Ortega y sus partidarios, que han enmarcado las protestas como una trama cuidadosamente montada respaldada hasta los dientes por Washington.

"La prensa internacional describió la rápida escalada de disturbios civiles en Nicaragua como una explosión espontánea de descontento colectivo, desencadenada por los cambios del gobierno al sistema de seguridad social". Waddell escribió que "cada vez es más claro que el apoyo de los Estados Unidos ha ayudado a desempeñar un papel en el fomento de los levantamientos actuales".

En otro pasaje llamativo, concluyó Waddell, "la participación actual de la NED en nutrir a los grupos de la sociedad civil en Nicaragua arroja luz sobre el poder del financiamiento transnacional para influir en los resultados políticos en el siglo XXI".

Una historia de intromisión

El NED es un agente líder del poder blando de Estados Unidos que se ha metido en asuntos de otros países desde su fundación en el apogeo de la Guerra Fría en 1983. Su primer éxito tuvo lugar en Nicaragua, donde incubó trajes anti sandinistas como el diario La Prensa a través de un recorte, PRODEMCA, que también fue financiado encubiertamente por aliados de Oliver North.

En 1990, los sandinistas fueron derrotados en las urnas por la candidata derechista Violeta Chamorro, cuya familia era dueña de La Prensa. La victoria de Chamorro representó la culminación de casi $ 16 millones de dólares en subvenciones de NED a partidos políticos y medios de comunicación antisandinistas.

"Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho encubiertamente hace 25 años por la CIA", comentó Allen Weinstein, fundador de la NED, en 1991.

En los años que siguieron, la NED y sus socios han ayudado a impulsar las elecciones para los candidatos neoliberales de derecha en Rusia y Mongolia en 1996; fomentó un golpe que expulsó del poder al presidente democráticamente electo de Haití , Jean Bertrand Aristide; y dirigió a millones hacia el desmantelamiento del gobierno socialista de Venezuela, un esfuerzo continuo complementado por aplastamiento de las sanciones de Estados Unidos.

Las protestas que han estallado en Nicaragua han vuelto a enfocar la influencia del NED. Según Waddell, la NED ha gastado $ 4,1 millones en el país desde 2014, ayudando a que 54 grupos se conviertan en actores importantes en la escena política y "sentando las bases para la insurrección".

La red respaldada por Estados Unidos detrás de las protestas

Los disturbios que paralizaron a Nicaragua fueron provocados por el anuncio de reformas al sistema de seguridad social. El Fondo Monetario Internacional y un grupo paraguas de empresas locales insistieron en cambios que elevarían la edad de jubilación y privatizaron gradualmente las clínicas de salud, amenazando algunas de las ganancias más importantes de la revolución sandinista.

Cuando Ortega respondió con una propuesta que habría exigido una mayor contribución al sistema por parte de las empresas y los jubilados, con los dueños de negocios pagando la mayor parte, un sector del público explotó con indignación.

Las caras más visibles del movimiento anti Ortega no han sido los jubilados afectados por las reformas de la seguridad social, sino los estudiantes urbanos, políticamente no afiliados, que buscan una victoria total y han forjado una alianza con los opositores de la derecha.

Mientras tanto, hombres enmascarados con morteros y armas de fuego han formado la primera línea de los bloqueos viales que ya han drenado la economía de Nicaragua de unos $ 250 millones en ingresos. Hasta la fecha, unas 170 personas han sido asesinadas en el caos. A medida que aumenta el número de muertos en ambos lados, hablar de una nueva guerra civil parece una posibilidad más que remota.

Desde que comenzaron los disturbios, la NED tomó medidas para ocultar los nombres de los grupos que financia en Nicaragua con el argumento de que podrían enfrentar represalias del gobierno. Pero los principales receptores de respaldo de Washington ya eran bien conocidos en el país.

Hagamos Democracia , o Let's Make Democracy, es el mayor receptor de fondos NED, cosechando más de $ 525,000 en subvenciones desde 2014. El presidente del grupo, Luciano García, que supervisa una red de reporteros y activistas, ha declarado que Ortega ha convertido a Nicaragua en un "Estado fallido "y exigió su renuncia inmediata.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas ( IEEPP ) de Managua, cuyo presidente es Félix Maradiaga, recibió al menos $ 260,000 del NED desde 2014. Las subvenciones se destinaron para apoyar el trabajo del IEEPP en la capacitación de activistas para "fomentar el debate y generar información sobre seguridad y violencia. "El financiamiento también cubrió los esfuerzos para monitorear la "mayor presencia de Rusia y China en la región", una prioridad obvia para Washington.

Tan pronto como se iniciaron las violentas protestas contra Ortega, el director de IEEPP, Félix Mariadiaga, sacó a la luz su agenda. Ex líder global del Young World Forum educado en Yale y Harvard, fue elogiado por La Prensa por "sudar, sangrar y llorar junto a los jóvenes estudiantes que han encabezado las protestas en Nicaragua que continúan desde abril hasta finales de mayo".

Cuando La Prensa le preguntó si había alguna forma de salir de la violencia sin un cambio de régimen, Mariadaga fue franco: "No puedo imaginar una salida en este momento que no incluya una transición a la democracia sin Daniel Ortega".

"Nos hemos dado una imagen terrible"

Este junio, Mariadaga dirigió una delegación de oposición a Washington para denunciar el gobierno de Ortega ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. A él se unió Anibal Toruno, director de Radio Darío, otro receptor de apoyo desde hace mucho tiempo de NED ( PDF ) y uno de los centros clave de los medios anti Ortega en la ciudad nicaragüense de León.

Mientras Mariadaga estaba en Washington, la policía nicaragüense lo acusó de supervisar una red criminal organizada que ha asesinado a varias personas durante los violentos disturbios que se han apoderado del país. Mariadaga criticó las acusaciones como una "persecución política" y una "acusación ridícula", pero pospuso su regreso a Nicaragua. El Departamento de Estado de EE. UU. lo respaldó con una declaración de apoyo vehemente.

Al mismo tiempo, un grupo de manifestantes de las protestas contra Ortega estaban en Washington para presionar al gobierno de Trump en busca de ayuda para derrocar al líder de su país.

Entre los funcionarios de EE. UU. que recibieron a los estudiantes figura el director de USAID, Mark Green. "Necesitamos apoyar a aquellos que defienden las cosas en las que debemos creer", dijo Green sobre los estudiantes, en una entrevista con McClatchy .

Además de NED, USAID ha sido el promotor más activo del cambio de régimen contra los gobiernos de orientación socialista en América Latina. En Nicaragua, el presupuesto de USAID superó los $ 5.2 millones en 2018, con la mayoría de los fondos destinados a la capacitación de la sociedad civil y las organizaciones de medios.



El viaje de los estudiantes nicaragüenses a Washington fue financiado por Freedom House , un socio de NED financiado por el gobierno de Estados Unidos cuya agenda típicamente se alinea con el ala neoconservadora del establecimiento de la política exterior estadounidense.

Freedom House elaboró un itinerario para los estudiantes que culminó con una sesión fotográfica con algunos de los republicanos más belicosos de Washington: los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y la representante Ileana Ros-Lehtinen.

De regreso en Managua, otra prominente líder estudiantil, Harley Morales, se tambaleó con disgusto ante la aparición de sus compañeros en el Capitolio. "Fue terrible", dijo Morales al periódico El Faro. "Ellos (Cruz, Rubio y Ros-Lehtinen) son la derecha republicana extrema. Estamos muy descontentos con este viaje; fueron pagados por los Estados Unidos y se les impuso una agenda. Nos hemos dado una imagen terrible”.

Aunque esperaba "un plan de corrección de errores", Morales admitió que el control de poderosos intereses externos sobre los manifestantes estudiantiles era cada vez más estricto. "Todos los movimientos ahora tienen asesores", se lamentó. "Motores y agitadores. Hijos de políticos, empresarios... Tienen una línea política muy clara ".



Fuente: https://resistenciadigitalnews.blogspot.com/2018/06/periodista-max-blumenthal-destapa-el.html?m=1

Colombia: Hidroituango y el 'smartphone'

Renán Vega Cantor
Un nuevo celular consume más energía eléctrica que una nevera de tamaño medio

La construcción de represas, como la de Hidroituango, tiene por objeto generar electricidad con el fin de satisfacer el consumo de energía en grandes cantidades, sin la cual no podría funcionar la economía capitalista contemporánea. La producción de teléfonos celulares alcanza niveles escalofriantes, hasta el punto que ya en 2014 había más celulares que seres humanos, tanto a escala global, como en Colombia. Eso puede observarse diariamente, con la esquizofrénica utilización del celular desde que las personas se levantan de la cama, hasta que se acuestan, puesto que gran parte de ellas no puede despegarse ni un segundo de ese invasivo artefacto, una prótesis permanente que acompaña a los seres humanos hasta en los momentos más íntimos: cuando satisfacen sus necesidades fisiológicas o cuando tienen relaciones sexuales.

El 'smartphone', el celular más avanzado, es una mercancía de consumo masivo a la que se le atribuye vida propia como si funcionara por sí misma en forma milagrosa, sin necesidad de recurrir a ninguna fuerza externa que lo active. Ese fetichismo se basa en la creencia de que esos aparatos son autosuficientes, máxime que pueden prenderse y apagarse en cualquier lugar, conectarse con el mundo exterior, hablar a través de ellos, enviar mensajes, utilizar aplicaciones, escuchar música, rebasando fronteras y superando los límites territoriales.
Esa sensación de autonomía es un espejismo, puesto que el celular funciona con energía, más concretamente con su forma más común: la electricidad. El 'smartphone', por más “inteligente” que sea, opera con una batería recargable que se abastece de electricidad. De ahí que las baterías tengan que cargarse de electricidad en una forma esquizofrénica, como lo apreciamos en los aeropuertos, hospitales, universidades, viviendas, en las que todo el tiempo se enchufan los cargadores del 'smartphone' para alimentarlos con electricidad, sin la cual no pueden funcionar.

Puede suponerse que el gasto de electricidad de un celular o un 'smartphone' es mínimo, porque es un pequeño dispositivo microelectrónico que, se nos dice, entre más inteligente menos electricidad consume. Esto ni siquiera es cierto para un aparato individual, porque diversas investigaciones han comprobado que un nuevo celular consume más energía eléctrica que una nevera de tamaño medio. Así, el refrigerador común y corriente consume 322 Kilovatios hora (kWH) al año, mientras que el nuevo celular consume 388 kWh en el mismo período de tiempo, en lo que se incluyen sus conexiones inalámbricas, utilización de datos, la carga de la batería y el almacenamiento de información. Una diferencia notable radica en que un hogar cuenta en el mejor de los casos con un refrigerador, mientras que en ese mismo hogar puede haber 5 o más celulares, puesto que se ha vuelto casi normal que una persona tenga dos o tres celulares. El problema adquiere una dimensión crítica si tenemos en cuenta que en el mundo hay unos 9 mil millones de celulares, incluyendo viejos y nuevos modelos, y en Colombia hay más de 50 millones. En pocas palabras, existen más celulares que seres humanos. Y eso origina el problema de cómo garantizar el abastecimiento de electricidad para que funcionen esos aparatejos, en apariencia mágicos.

Y aquí es donde viene el nexo con las represas que generan electricidad, porque están son indispensables para suministrar una creciente oferta de energía, que se usa de muchas formas, pero es cada vez mayor la cantidad que se destina a los 'smartphone', cuya producción es un fabuloso negocio para empresas multinacionales. Si se quiere alimentar el crecimiento exponencial en el consumo de 'smartphone' (del que se dice que se venden 3.7 millones de unidades por día en el mundo entero) es obvio que debe garantizarse la producción de energía eléctrica. Para hacerlo posible se construyen represas, como la de Hidroituango, las cuales suministran electricidad, una parte de la cual se destina al funcionamiento de los artefactos microelectrónicos, que en conjunto ya consumen el 10% de la generación de electricidad mundial. Y dentro de esos cacharros microelectrónicos es el 'smartphone' el que más consume electricidad, por la sencilla razón que se utiliza frenéticamente durante el día y la noche por sus poseedores, en la medida en que el celular ya no se emplea solo para llamar por teléfono y hablar, sino que ahora existen múltiples aplicaciones. Eso requiere que los usuarios tengan que conectar sus equipos dos o hasta tres veces al día, con el notable incremento del consumo de electricidad. El paroxismo en el despilfarro de electricidad con el abuso de los 'smartphone' se encuentra en la artificial necesidad de mantener siempre cargados los aparatos, porque su descarga es considerada como una tragedia, que genera pánico entre sus usuarios.

Por otro lado, debe recordarse que estos aparatos están untados de sangre por varias vías: por los materiales y minerales necesarios para su producción, que generan esclavitud y guerras por los recursos como la del Congo, con millones de muertos en los últimos años, pero también los asesinados (campesinos y pescadores) en los lugares donde se construyen las represas. Y ese es el caso de Hidroituango. De manera, que cada vez que el lector de este artículo utilice su 'smartphone' debería pensar en la sangre virtual contenida en el pequeño aparato que opera hábilmente con sus manos, porque esa sangre ha sido necesaria para impulsar los faraónicos proyectos de “desarrollo” que como
 el localizado en el Bajo Cauca antioqueño, finalmente se hacen para generar suficiente electricidad para que el 'smartphone' suene y suene en forma ininterrumpida, aunque su uso enfermizo también contribuya a recalentar nuestro sufrido planeta.

Periferia, prensa alternativa, Medellín, junio de 2018
Texto completo en: https://www.lahaine.org/colombia-hidroituango-y-el-smartphone

Información tomada de https://www.lahaine.org

¿A quién pretendemos engañar?

Globalizacion, 27 de junio 2018
CubaDebate 25-06-2018



¡Ah, Estados Unidos! Pasamos de separar a los bebés indígenas de sus padres (y luego exterminarlos), a robar bebés de sus padres esclavos (y luego revenderlos como esclavos), a construir un país basado en el trabajo infantil (trabajando en fábricas desde los ocho años), a encarcelar niños japoneses-americanos en campos de internación, a permitir que sacerdotes abusen sexualmente de niños durante décadas, a forzar baldes de jarabe de maíz alto en fructosa por la garganta de los niños hasta que la mitad de ellos forman parte de una epidemia de obesidad infantil, a convertir nuestras escuelas en campos de exterminio porque amamos nuestras armas más que lo que amamos a nuestros niños.
¿A quién pretendemos engañar? Basta de hacerse los sorprendidos de que Trump está secuestrando niños hispanos, separándolos de sus padres, fingiendo que eso “no es lo que somos”. Sí, lo es.
Y SIEMPRE lo fue. No digan que Trump está violando “nuestros valores estadounidenses”. Abusar de niños es un valor histórico estadounidense. Estén orgullosos, estadounidenses: Trump somos nosotros.
Para acabar con esta locura tenemos que dejar de contarnos cuentos de hadas sobre el pasado y confrontar el presente, poniendo el cuerpo en la línea de fuego, en defensa de estos niños.
Averigüen, en la zona donde vivan, dónde están encerrados los niños que la Seguridad Nacional secuestró -18 estados tienen cárceles donde encerraron a estos niños; en mi área, Grand Rapids (Missouri), están en “Bethany Christian Services”, lugar financiado por Betsy DeVos. Vayan, rodeen el edificio y no se retiren hasta que esos niños se reúnan con sus padres. Si esos fueran sus hijos, es EXACTAMENTE lo que harían. Ellos son sus hijos.
Michael Moore
Michael Moore: Director de cine y escritor norteamericano. Es el director de los documentales Bowling for Columbine y Sicko, entre otros.
Información tomada de globalizacion.ca

miércoles, 27 de junio de 2018

64% de trabajadores sin cubrimiento en riesgos profesionales: Castilla

Foto archivo El Nuevo Siglo
PREOCUPA SALUD LABORAL
Cursa trámite por el Congreso una iniciativa de busca dar las herramientas necesarias a las entidades de salud encargadas para calificar los riesgos profesionales o laborales.
La iniciativa que tiene como ponente al senador Alberto Castilla, del Polo Democrático, establece la reglamentación del sistema de calificación del origen de la enfermedad, la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración, y el adecuado procedimiento de las juntas médico laborales.
EL NUEVO SIGLO: ¿En días pasados se cumplió una audiencia pública sobre la nueva Ley de Juntas calificadoras de enfermedades laborales. ¿Qué pasó en este evento y que conclusiones se pudieron sacar?
ALBERTO CASTILLA: En la Audiencia estuvieron presentes representantes de los sectores involucrados en el tema, los ministerios del Trabajo y Salud, la Vicepresidencia, gremios de trabajadores, ARL y Calificadoras de Riesgos Profesionales e instituciones de terapias ocupacional; se socializó el proyecto de ley y se expuso la urgencia de reglamentar y unificar los trámites y procedimientos para el reconocimiento y pago de las incapacidades de origen laboral, en relación con el manejo de las incapacidades de origen común, lo que finalmente conduciría a una mayor seguridad jurídica a las personas que se ven enfrentadas.
ENS: ¿Qué se busca con este proyecto de ley?
AC: El proyecto busca corregir las serias desviaciones que se han presentado en el funcionamiento y en el reconocimiento de los derechos sociales a la seguridad social de los trabajadores y personas que se ven afectados por las consecuencias de haber padecido un accidente de trabajo o haber sufrido una enfermedad, esto independientemente del origen de la contingencia.
ENS: ¿Cómo es la situación laboral en el país?
AC: En Colombia trabajamos 22 millones y medio de personas, pero 10 de cada 100 están desempleados, 40 de cada 100 ganan menos del salario mínimo, 18 de cada 100 padecen formas ilegales de contratación, 64 de cada 100 no tienen protección en salud y riesgos laborales, y no ahorran para una pensión.
ENS: ¿Cuáles son las condiciones laborales de los colombianos?
AC: En Colombia, preocupa no sólo las condiciones de salud en las que laboran las trabajadoras y trabajadores, sino también cuando presentan enfermedades por las tareas que realizan, no cuentan con garantías suficientes para garantizar su pensión anticipada.
Según cifras de Fasecolda en 2017 se presentaron 655.570 accidentes de trabajo, mientras el número de enfermedades calificadas como de origen laboral fue de 9.690. Tenemos denuncias de trabajadores enfermos que afirman que se ha tornado insostenible tal situación, los trámites dentro de las Juntas Médicas previstos en la actual normativa, tardan en no pocas ocasiones, entre tres y cuatro años.
ENS: ¿Básicamente el proyecto qué persigue?
AC: Garantizarle al trabajador y trabajadora la oportuna atención de su caso (enfermedad o accidente) mejorando la eficiencia del Sistema de Seguridad Social, eliminando la intermediación de las EPS. Reglamentar y unificar trámites y procedimientos para el reconocimiento y pago de las incapacidades de origen laboral o común, generando mayor seguridad jurídica a las personas que se ven enfrentadas a estas. Eliminar las facultades conferidas por el Decreto 019 de 2012 a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondos de pensiones, entre otras, para calificar en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, su origen y/o fecha de estructuración. Ajustar funciones y procedimiento de las Juntas de tal manera que el trámite para la calificación sea no mayor de 180 días (actualmente se pueden tomar hasta 360 días), afectando el derecho oportuno a la seguridad social.
Información tomadad de elnuevosilgo.com.co

martes, 26 de junio de 2018

Contundente paro en Argentina ante el fracaso del diálogo y la política, señala líder de la CGT

Escrito por Stella Calloni


"Una democracia falla cuando hay excluidos", dice la Iglesia católica
El paro general contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ajuste, los despidos, la pobreza, los tarifazos, la inflación, el intento de reforma laboral y para exigir la apertura de negociaciones salariales (paritarias) libres, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) con el apoyo de todas las centrales sindicales y gremios independientes, fue contundente en toda Argentina; los sindicatos y partidos de izquierda bloquearon por un momento los accesos a la ciudad y marcharon luego hacia el obelisco, en el centro de esta capital, ante la vigilancia por parte de un megaoperativo de fuerzas de seguridad.
Fueron acompañados por trabajadores y directivos de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con el persianazo (cierre de comercios), productores y otros sectores que nunca habían participado, considerándose el paro más grande en años recientes, mientras partidos y gremios de la izquierda más radical se manifestaron en diversos lugares y convergieron en el Obelisco para un acto final.
No hubo trenes ni autobuses, ni aviones, ni Metro... las calles estaban vacías y gran cantidad de negocios y restaurantes permanecían cerrados. "Hubo un altísimo nivel de acatamiento en toda Argentina y un paro general en un país significa el fracaso del diálogo social y también el fracaso de la política", dijo Juan Carlos Schmid, dirigente de la CGT.
Añadió que su gremio llegó a esta determinación después de haber agotado todas las instancias en los diversos plazos institucionales para encontrar alternativas. "Y para que nadie tenga dudas, ¿saben por qué paramos? Paramos para poder seguir trabajando", expresó.
El presidente Mauricio Macri y sus funcionarios se refirieron de manera despectiva al paro. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que "no sirve para nada".
"Yo he escuchado a lo largo de toda la mañana una pregunta de manual que hace el periodismo, ¿y mañana qué? y este paro cuesta tanto. Miren, en el último mes se han perdido 11 mil millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿De la CGT?", expresó, y concluyó: "El gobierno tiene que corregir su programa económico".
Héctor Daer, del gremio de la Sanidad, que integra el triunvirato de los dirigentes de la CGT, recordó que "desde diciembre de 2015 hasta hoy hubo una inflación de 95 por ciento. Fueron favorecidos impositivamente los sectores que más ganan y más tienen: el agropecuario y las mineras, y nosotros seguimos siempre tributando desde nuestro salario, desde el IVA, desde el impuesto a las ganancias". Destacó las propuestas que se intentaron con el gobierno "al que le planteamos que cuidara el empleo, el poder adquisitivo del salario, que cuidara la salud de los trabajadores, y no hubo respuesta porque no tiene la voluntad política de proteger a los trabajadores".
Carlos Acuña, el tercero del triunvirato dirigente, habló de que "hay una nueva oportunidad" y agregó que esperan que el gobierno "haya leído bien el paro de hoy. Si la gente está bien no va a parar. Hoy la gente está mal, uno tiene que saber interpretar esta situación y tiene que convocar al paro cuando se agota el diálogo. El hambre no espera, la tenemos ahí en la mesa de muchas familias de la República", concluyó.
Con mayor firmeza hablaron los dirigentes de las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA), como Hugo Yasky, para quien el paro fue "una señal de rechazo absoluto al FMI" y advirtió: "garantizamos que no vamos a abandonar la calle ni un instante".
Su colega de la CTA autónoma, Pablo Micheli, expresó su satisfacción por la respuesta contundente de los "trabajadores y trabajadoras" y aseguró que no pararon por los dirigentes sindicales (como afirmó el ministro Triaca), sino porque tienen conciencia de que "hay que frenar este modelo económico que nos lleva a la destrucción de Argentina".
La cúpula de la Iglesia católica recordó que el paro es un derecho cuando no hay respuestas de los que tienen la responsabilidad de hacer algo. El obispo Jorge Lugones, presidente de la Comisión Episcopal, señaló: "cuando vemos que en una democracia hay excluidos, hay pobres, hay quienes pasan hambre viviendo en condiciones infrahumanas, sin trabajo, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no está funcionando bien".
Lugones, jesuita como el papa Francisco, consideró que "una democracia sana supone la participación de todo el pueblo: la inclusión, la integración que implica dar oportunidad, ser corresponsable. Es una responsabilidad y un compromiso de todos, en especial de los dirigentes", y agregó que "cuando en una nación como la nuestra, en la que hay tierra suficiente para que todos seamos propietarios, riqueza suficiente para que todos tengamos una vida digna, alimentos para un número de personas varias veces mayor que el número de sus habitantes, y sin embargo, hay muchos argentinos que no tienen techo ni tierra, ni trabajo, que comen menos de los necesario y donde hay una grave desnutrición infantil, es obligación llamar fuertemente la atención de los gobernantes y de todos los sectores de la sociedad acerca de esos problemas, porque por algún motivo la democracia y la sociedad están fallando".
Martes 26 de junio de 2018
Información tomada de desdeabajo.info