POR JAIME MILLÁN ÁNGEL PhD. Infomración tomada de elespectador.com
La presentación de La Pulla de junio 12 de 2018 sobre el proyecto Hidroituango recoge críticas de diversa índole aparecidas recientemente en medios, haciendo énfasis en aquellos aspectos que mejor se acomodan a su estilo contestatario y efectista, y la recepción que ha tenido en la audiencia es una prueba de que logró el impacto deseado. No obstante, en su afán por producir “pullas”, recoge como ciertas aseveraciones sin el soporte adecuado o que insinúan tendenciosamente supuestas prácticas corruptas.
El video se mofa de la importancia del proyecto en la economía, resalta críticas a su impacto ambiental y a la economía de las comunidades aguas abajo, se hace eco de acusaciones de corrupción en la adjudicación de las obras civiles del proyecto, sugiere que opera una puerta giratoria por la cual transitan los funcionarios responsables del proyecto e insinúa la participación del proyecto en la desaparición de líderes que se han opuesto al mismo. Estas insinuaciones, que en ocasiones rayan en la calumnia, afectan el buen nombre de personas e instituciones que han gozado de una impecable reputación de profesionalismo, integridad y transparencia por lo que se hace imprescindible completar el contexto para que el lector pueda formar un juicio más equilibrado.
Las imprecisiones que se destacan más adelante pueden deberse en parte a que temas tan difíciles y complejos como el impacto ambiental y la contratación en grandes proyectos escapen al conocimiento del periodista, pero también a la falta de confrontar las críticas con evidencias que las sustenten, así como a la epidemia de fake news que nos agobia. En la referencia de fuentes consultadas no se encuentra ninguna que no haya tenido una posición crítica frente al proyecto, con la excepción de un cuestionario parcial enviado a EPM y que no fue tenido en cuenta en el video.
Este desbalance no resulta extraño si se tiene en cuenta que la avalancha de fake news y afirmaciones apresuradas no tuvo una respuesta adecuada por parte de los responsables del proyecto por encontrarse, como debe ser el caso, ocupados en resolver la emergencia. Solo ahora, gracias a los avances logrados en el control de la situación han empezado a responder.
1. Insinuaciones de supuesta corrupción en el manejo del contrato
Las acusaciones que han hecho algunos medios y las demandas presentadas a la Fiscalía se basan en declaraciones de las firmas perdedoras en la licitación y deben tomarse como partes interesadas; sin perjuicio de que sean investigadas con todo el rigor, están lejos de ser un hecho comprobado. En mi larga experiencia en la banca multilateral fue rara la ocasión en que un perdedor en una licitación no la demandara por sesgos en su contra, y es un dicho conocido que estas firmas tienen más abogados que ingenieros.
Sobre el caso que nos ocupa, tal vez nunca antes un proceso de licitación en Colombia había sido sometido a un escrutinio tan riguroso como el que surtió el proyecto, no solo por los entes de control (que en el caso de la Procuraduría General de la Nación destacó una comisión especial en el proyecto para vigilar todo el proceso de licitación y adjudicación), sino por los organismos internacionales que lo financiaron.
La Pulla sugiere que a) se modificaron los requisitos de la licitación en materia de capacidad crediticia y experiencia de los proponentes para beneficiar a los contratistas seleccionados; b) EPM decidió mantener confidencial la información sobre la evaluación de ofertas para facilitar un manejo inescrupuloso de la licitación; y c) el contrato ha sufrido modificaciones y enmiendas que aumentan su valor después de la adjudicación, lo que haría que su costo fuese más alto que el de otras propuestas.
Sobre el primer punto es importante destacar que no parece procedente difundir versiones sobre una supuesta manipulación sin antes leer, aunque sea de forma somera, las actas e informes de la evaluación de propuestas y adjudicación del contrato. La experiencia en obras de la magnitud de Hidroituango no es un requisito que pueda desestimarse con ligereza. Así mismo, las firmas involucradas en el diseño e interventoría del proyecto son las firmas con más experiencia y prestigio en este tipo de obras en el país y que, como es de rigor, fueron acompañadas por una junta conformada por algunos de los expertos más prestigiosos y experimentados del mundo. No sobra añadir que este no es el caso de los llamados “expertos” que los medios consultan con avidez buscando noticias impactantes, que a Dios gracias no se han visto materializadas.
Sobre el tema de confidencialidad durante la evaluación de propuestas hay que decir que este es un principio de buena contratación internacional consignado por ejemplo en los documentos de licitación estándar de los organismos financiadores internacionales como el Banco Mundial y el BID y en la ley modelo de UNCITRAL para contratación pública. Este principio es necesario para evitar presiones indebidas sobre los evaluadores antes de que se decida el ganador. Desde luego que una vez adjudicado el contrato esta información debe ser pública en beneficio de la transparencia.
Sobre el tema de las enmiendas se puede criticar la naturaleza de las mismas, es decir si están justificadas, pero no su mera existencia, como lo hace La Pulla sin juzgar su justificación.
La ingeniería pesada, y en particular la de plantas hidroeléctricas, es una de las tareas más complejas que enfrenta esa profesión dada la diversidad de estructuras civiles y de los equipos que hay que especificar y diseñar. La buena práctica dicta que los diseños originales de una obra tengan que ajustarse a las condiciones del terreno que durante la ejecución se vayan encontrando. Estas no se pueden predecir con una certeza del ciento por ciento en ninguna gran obra, sin importar qué tan detallados sean los estudios de suelos, geología hidrología, etc.
Por eso la práctica contractual internacional establece que los contratos de obra contengan cláusulas que permitan hacer adiciones y cambios inesperados como un asunto del giro normal de esas obras (ver por ejemplo los modelos de contrato para obras de gran magnitud publicados por FIDIC – La Federación Internacional de Ingenieros Consultores -).
Un proyecto de esta magnitud no es como hacer una casa prefabricada donde todo es casi previsible. Los estimativos que se hacen están basados en supuestos sobre cantidades de obra, condiciones del terreno y plazos en la obtención de ciertas licencias y acuerdos con las comunidades. En el caso que nos ocupa, una parte considerable de los mayores costos, como la demora en la ejecución de los túneles de desviación por parte de otro contratista, hizo necesaria la construcción de la llamada Galería Auxiliar de Desvío y otras obras que se adjudicaron a CCC en las mismas condiciones del contrato principal y constituyen un costo adicional, que no estaba considerado en el contrato inicial pero sin el cual la economía del proyecto se hubiera visto afectada seriamente por el atraso.
No es cierta, por lo tanto, la afirmación de que la obra hubiera resultado más cara que si la hubieran adjudicado a otros contratistas; ellos hubieran tenido que incurrir en los mismos costos adicionales. Al respecto, cabe destacar que EPM declaró recientemente que de no haberse presentado la emergencia el costo final del proyecto hubiera resultado inferior al costo presupuestado.
También se afirma que las firmas seleccionadas habían incurrido en demoras y sobrecostos en proyectos anteriores, sin tomarse el trabajo de averiguar si los mismos fueron atribuibles a las firmas o a causas que estaban fuera de su control. Un análisis somero del proyecto Byonjic en Panamá le hubiera permitido a La Pulla conocer que estos problemas no pueden atribuirse al constructor, quien tiene uno de los mejores récords de cumplimiento en el país.
Las afirmaciones sobre los escándalos de corrupción que involucraron a Camargo Correa en el Brasil y en otros países latinoamericanos han sido confirmadas y aceptadas por el mismo contratista, una práctica que enlodó a las grandes constructoras en el Brasil y que se ha comprobado en el caso de Odebrech en Colombia, pero sobre la cual no existía conocimiento en el momento de adjudicarse el contrato Las investigaciones en curso en la Fiscalía son producto de demandas presentadas recientemente y EPM ha manifestado sentirse tranquila de responder por la pulcritud de sus procedimientos. Es de confiar que estas investigaciones procedan con todo el rigor necesario, aunque deja un mal sabor que se hayan hecho públicas en un momento en que los responsables en EPM no puedan defenderse por estar comprometidos en enfrentar la emergencia.
2. La puerta giratoria es una prueba de la supuesta corrupción en la adjudicación
EMP no consideró válida la objeción presentada por un concursante al hecho de que un funcionario de una de las firmas del consorcio hubiera sido miembro de la junta directiva de una firma asociada al diseñador. La Pulla resalta este hecho como prueba de que la adjudicación estuvo amañada, sin tomarse el trabajo de revisar las actas, verificar la idoneidad de esta práctica o percatarse que todo el proceso estuvo vigilado con especial detalle por los entes de control dada la magnitud de la obra.
Doblando su apuesta, recoge además versiones sembradas por intereses políticos adversos a Sergio Fajardo para mencionar a dos exgerentes de EPM afectos al excandidato con el diseñador, Integral, y con una de las firmas contratistas, Conconcreto, como prueba del conflicto de interés existente. Aquí no se toma el trabajo de verificar que el contrato de obras civiles al consorcio CCC haya sido firmado en la administración de Aníbal Gaviria, siendo gerente de EPM Juan Esteban Calle, y que el contrato BOOMT se firmó durante la gobernación de Luis Alfredo Ramos. Juan Felipe Gaviria trabajó en Conconcreto y fue miembro de la junta de Integral hace más de 30 años y Federico Restrepo, quien asistió a la junta de EPM junto con el secretario de Hacienda durante la administración del alcalde Fajardo en calidad de observador antes de ser gerente de la empresa, se retiró de Integral en 2003. Acá cabe preguntarse ¿qué tiene que ver esto con los problemas que experimenta Hidroituango o con las supuestas indelicadezas en la adjudicación?
3. El impacto del proyecto en el medio ambiente y en la población afectada
La Pulla desconoce lo establecido en la licencia ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental, con todas sus modificaciones, las cuales son necesarias en la medida en que se avanza en el proceso constructivo y se confronta la realidad del terreno. EPM reconoce el impacto del proyecto en el medio ambiente y en la población afectada, para lo cual ha tomado medidas compensatorias que superan las ya exigentes disposiciones de la licencia.
El área afectada directamente por el proyecto puede parecer muy grande en términos absolutos comparada con la de proyectos más pequeños, pero, como es fácilmente demostrable, tiene también un orden de magnitud menor que la que hubieran tenido la suma de proyectos pequeños que, juntos, generaran una cantidad similar de energía.
Igualmente, el video amplifica algunos análisis que se han hecho sobre el impacto de la retención de sedimentos aguas abajo, como si se tratara del río Nilo y la fertilidad de las tierras aguas abajo dependiera de las crecientes periódicas. La hipérbole llega a su máxima expresión cuando afirma que el 80% del PIB del país se encuentra en peligro si “les dan mucho palo a estos ríos”.
En otro aparte La Pulla desestima la importancia del proyecto para la economía nacional al poner en duda que aportará el 17% de la demanda nacional y que “expertos” afirman que será solo entre el 7 y el 10% para el año 2021. De acuerdo con la información disponible en XM y las proyecciones de la UPME, la energía media del proyecto en 2021 sería efectivamente el 17% de la demanda y solo se reduciría al 12% en el caso de que ocurriera un Niño superior a todos los registrados hasta ahora.
Los colombianos apreciarán su importancia cuando las cuentas del servicio eléctrico empiecen a crecer si su puesta en operación se retrasa demasiado.
4. El proyecto es culpable de la desaparición de líderes sociales
Si bien es cierto que La Pulla no acusa directamente al proyecto por la desaparición de líderes sociales que se han opuesto al mismo, sí lo hace culpable por asociación al notar que este ha sido el caso en otros proyectos.
Esta insinuación temeraria que recoge acusaciones sin ninguna prueba de activistas puede tener consecuencias muy graves en un ambiente cargado como es el que rodea al proyecto en estos días; los comentarios que acompañan al video en You Tube son una muestra de las pasiones que tales afirmaciones pueden desatar: “las multitudes deciden qué es punible, y lo que opinen jurados o jueces les trae sin cuidado”. Como diría Javier Marías.
La alta difusión que ha tenido este video --más de 300 mil--, resalta la responsabilidad de los autores para verificar y/o por lo menos rectificar cuando los hechos relatados en un artículo periodístico no se apegan a la verdad, son incompletos o tendenciosos o inducen a interpretaciones equivocadas por parte de los espectadores. Alguien dijo que cada cual tiene derecho a su opinión, pero no tiene derecho a sus propios hechos.
El Espectador ha adoptado una práctica, rara en los medios colombianos, de aclarar cuando se detecten casos como el que nos ocupa que, de nuevo insisto, no pueden atribuirse a mala fe sino a la confusión reinante ante un tema especializado y controvertido en donde no es fácil para el periodista distinguir la verdad cuando todo el mundo dice llamarse experto y le sobran ansias de protagonismo.
* El autor es Ph. D. en Recursos Hidráulicos de Colorado State University, exfuncionario del BID y consultor internacional. En 1972 como funcionario de Integral participó en los estudios de reconocimiento del potencial hidroeléctrico del Cauca Medio.
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