La decisión de no construir sino un túnel de desviación, así como de poner a producir energía a Hidroituango antes de lo proyectado o en el tiempo exacto de lo calculado, a riesgo de llevar al límite esta megaobra, es parte de la explicación profunda de por qué la misma entró en crisis. Hace rato que EPM se comporta con un criterio privado, en el cual se priorizan los resultados financieros sobre los resultados sociales o energéticos.
Con el agua al cuello. Tras más de tres décadas de estudios de factibilidad y diseño de obra, y diez años de construcción, Hidroituango flaquea. Como al mal brujo que no logra controlar sus hechizos, aquí, en el campo de la ingeniería, parece suceder lo mismo, pero todo ello por decisiones mal tomadas.
Es conocido lo sucedido en este proyecto durante el último mes: la obstrucción de un túnel de desviación de las aguas, cuando los otros dos estaban taponados, hizo que el embalse se empezara a llenar sin haberse terminado la presa. Buscando evitar una tragedia que implicara, entre otros, la destrucción de la presa, se optó por desviar el río por los túneles de conducción, inundando la casa de máquinas. Si bien los riesgos aún existen son menores que hace unos días.
Las causas de esta situación, en especial la razón por la cual se taponaron los túneles de desviación, sin construir compuertas para su cierre como estaba previsto en el diseño original, será materia de investigación por parte de los entes correspondientes.
Sin embargo, hay que ir un poco más allá. En realidad, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tenían urgencia de cumplir el compromiso de poner en operación el proyecto en diciembre de 2018. No tenerlo le hubiera costado pagar las garantías por la adjudicación del cargo por confiabilidad y tener que comprar energía para cumplir los contratos de venta firmados con anterioridad.
Es decir, el afán a la hora de la decisión tomada, era no perder unos pesos de rentabilidad de un proyecto diseñado para producir energía por más de 50 años. El modelo de mercado y de competencia lleva a este tipo de decisiones. Se prioriza la rentabilidad sobre las decisiones técnicas y se asumen riesgos que jamás han debido asumirse. Un proyecto de esta magnitud no podía tomar el riesgo de no tener sino un túnel de desviación, así fuera por pocos meses. Se hizo en el peor momento, cuando el invierno estaba en su mayor nivel. La competencia por el mercado conduce a actuaciones muchas veces equivocadas. Una empresa pública como EPM tiene la presión de ganar dinero para rendirle cuentas a su municipio. Hace rato que EPM se comporta con un criterio privado, en el cual se priorizan los resultados financieros sobre los resultados sociales o energéticos.
Una reflexión y pregunta fundamental en este momento sería: ¿Cuál es el papel de las empresas públicas en la prestación de un servicio esencial como la energía eléctrica?
La obra
Son decisiones erradas, con consecuencias mayores por la magnitud de la misma obra, que de romperse la presa implicaría una catástrofe humanitaria de mayúsculas proporciones.
No es para menos: El embalse albergará 2.720 millones de metros cúbicos de agua e inundará unas 3.800 hectáreas. La presa tiene una altura de 225 mts y es de enrocado con núcleo de arcilla (1). La casa de máquinas es de tipo subterráneo y alberga 8 unidades de 300 MW de potencia cada una. Las obras principales ocupan predios de los municipios de Ituango y Briceño, mientras que los municipios de Santafé de Antioquia, Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal, aportan predios para las diferentes obras del proyecto.
Conocido como el proyecto hidroeléctrico de Pescadero-Ituango, está ubicado en el noroccidente del departamento de Antioquia a 173 Kms. de la ciudad de Medellín, consiste en el represamiento del río Cauca, en el denominado cañón del Cauca, para la generación de electricidad, con una capacidad instalada de 2.400 MW (equivalente a casi un 15 por ciento de la actual capacidad instalada en el Sistema Interconectado Nacional). Los dos socios principales en la construcción del proyecto son el Departamento de Antioquia a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea, 50,7%) y Empresas Públicas de Medellín (EPM, 46,3%), siendo esta última la encargada de contratar la construcción y hacer la operación una vez entre en funcionamiento.
El proyecto, en promedio, cada año podrá generar 13.930 GWh, que representa un 20,1 por ciento de la demanda anual proyectada para 2018 por la Unidad de Planeación Minero Energética. El costo del mismo, según información difundida por EPM, supera los 12 billones de pesos, es decir, es el proyecto más grande emprendido por las EPM y el más grande en la historia del sector eléctrico colombiano.
Las tragedias
Tal vez el tono de Jorge Londoño De la Cuesta, gerente general de EPM, o el mismo del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, o el hecho de que Juan Manuel Santos se haya trasladado hasta la zona en emergencia como evidencia de que las cosas, supuestamente no pasarán a mayores, han servido, todas y cada una de ellas para ocultar o menguar la magnitud de lo que está en curso, pero con Hidroituango estamos ante la peor de las tragedias vividas por el sector eléctrico nacional, debido al impacto extendido a todos los ámbitos de la sociedad. Es tal su magnitud, y a pesar de lo antes anotado, que es el único hecho que ha logrado opacar en cierta forma el proceso electoral y colocar en el debate presidencial el tema, así sea de manera superficial.
En efecto, se trata de una tragedia de múltiples dimensiones: en primer lugar, una tragedia para las comunidades ribereñas, tanto de aguas abajo como de aguas arriba de la presa. Tragedia mucho más crítica toda vez que ellas se opusieron a esta obra desde el mismo momento en que se anunció su construcción por considerar que tenía impactos muy negativos en el medio ambiente; fauna, flora, pesca, aguas, etcétera, todo lo cual afectaría de manera negativa a quienes habitan la zona de influencia del río desde siempre. Pese a la justeza de sus reclamos, como en casi todos los casos de las megaobras, estas demandas no fueron escuchadas y el proyecto de todos modos inició su construcción en el año 2010.
La decisión de ejecutar el proyecto parte de la adjudicación de la subasta de Energía Firme (2) hecha por la Creg en junio de 2008, mediante la cual se le adjudica a éste y a otros proyectos un cargo por confiabilidad por 20 años que favoreció la posibilidad de financiación del proyecto. El compromiso adquirido por Hidroituango fue el de entregar 2.972.603 kW-h-día durante 20 años, por lo cual recibiría un cargo de US$13.998 por MWh generado.
Durante la construcción la comunidad, en buena parte acompañada por el Movimiento Ríos Vivos, realizó veeduría constante de las obras, exigiendo el cumplimiento de los compromisos señalados en la licencia ambiental y otros que surgieron en el proceso de construcción, como el hallazgo de fosas comunes de víctimas de las masacres varias ocurridas en la zona por parte de grupos armados, especialmente paramilitares. Pero en este referido tampoco fueron escuchadas, lo que hubiera evitado la inundación de fosas comunes. Su evaluación previa al llenado, sin duda, hubiera contribuido a esclarecer las terribles masacres de una de las regiones más azotadas por el conflicto armado colombiano.
También es una tragedia ambiental inmensa. Por supuesto, un proyecto de esta magnitud tiene impactos, no solo en la zona de influencia sino en toda la cuenca, como lo señala un reciente estudio de expertos de la Universidad Javeriana. En primer lugar, inunda dos centros poblados (Orobajo en Sabanalarga y el corregimiento Barbacoas en Peque), lo cual produjo el desplazamiento de numerosas familias. Además, tendrá impactos sobre la flora y la fauna regional, sobre la pesca y otras actividades que desarrollaban los habitantes ribereños como la minería artesanal de oro.
Como parte de esta tragedia ambiental también está la tala del bosque antes de el llenado del embalse, decisión tomada por los responsables de esta megaobra y contraria a lo consignado en la licencia ambiental original otorgada por la Anla al proyecto. Sin embargo, EPM logró convencer a la Anla para modificar la licencia en este aspecto y disminuir la cantidad de bosque a talar y retirar del sitio del embalse antes del llenado. Es posible que el arrastre de una gran cantidad de madera haya contribuido al taponamiento del túnel que inició la tragedia.
Todo lo anterior es parte de la tragedia de la comunidad. Sus voces y sus justos reclamos no han sido escuchados. Y a ello agregamos la tragedia actual. Señala el Movimiento Ríos Vivos en su portal (3): “El ambiente en la región es de temor, desesperanza y desconsuelo. En estos momentos urge la solidaridad nacional e internacional para las comunidades que han perdido sus viviendas, formas de sustento y de relacionarse con el entorno […]”. Pero hay más, desde el inicio del proyecto han sido asesinados dos miembros del Movimiento Ríos Vivos. Por ello, si bien no han habido muertos por el taponamiento del túnel, sí los ha habido por la intolerancia y la incapacidad de escuchar voces distintas y diversas. Son los muertos de todos los días, impunes, abandonados por la indiferencia e indolencia de un Estado incapaz de proteger la vida de todos los colombianos.
También es una tragedia para la Ingeniería nacional, la cual no sale bien librada por lo que está en curso. Después de lo ocurrido en varios edificios en Medellín y Cartagena, sumado a lo del Puente Chirajara en la vía al Llano, lo ocurrido en Hidroituango pone una vez más las luces sobre lo que viene ocurriendo con nuestros ingenieros. ¿Será que la calidad de la educación ha retrocedido? o, ¿Será que los ingenieros son víctimas del modelo de rentabilidad que exige tiempos y réditos a ritmos que la ingeniería no puede cumplir sin afectar la calidad de las obras? Este es un debate que no puede posponerse por parte de la misma academia. La ingeniería colombiana no resiste un fracaso más.
Es una tragedia para los antioqueños, porque el departamento es el dueño de la mayor parte del proyecto y los efectos económicos son de un tamaño gigantesco para el ente territorial.
De igual manera lo es para las EPM, la joya de la corona de aquella ciudad, una empresa pública con un gran historial de buenas ejecutorias, es una tragedia no solo en lo reputacional, sino en lo económico, porque sin duda el costo no esperado de este suceso, que aún no está cuantificado, va a afectar las finanzas de una empresa que ya con algunas inversiones en el extranjero ha mostrado ciertas debilidades en sus decisiones para realizar buenos negocios. Ello sin agregar la investigación que se adelanta a nivel de fiscalía por la contratación de Consorcio CCC (conformado por la brasileña Construções e Coméercio Camargo Corrêea S.A., y las colombianas Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H. S.A), el cual ha sido el encargado de ejecutar la construcción de la presa, la central de máquinas y demás obras asociadas al proyecto hidroeléctrico. Es importante señalar que la firma brasileña es una de las implicadas en el proceso por corrupción que se adelanta en Brasil con el nombre de “Lava Jato”.
Pero para el país también es una tragedia, no solo por el tamaño del proyecto y su importancia en el futuro suministro de energía. Lo es porque a pesar que la dirigencia de EPM afirma que los sobrecostos no se trasladarán a la tarifa, eso no es cierto en el modelo eléctrico actual, como explicaremos más adelante. Es decir, los platos rotos los pagaremos todos los usuarios de energía del país que representa el 96 por ciento de la población, ya que el 4 restante aún no cuenta con fluido eléctrico.
Consecuencias posibles
La crisis ha roto todo lo proyectado en esta obra, y aunque parece que va encontrando soluciones, vale la pena preguntar, ¿qué va a pasar después de este desastre?
Un pronóstico previsible sobre este particular, sería:
Se investigará lo sucedido técnicamente y posiblemente se le achaque la responsabilidad a algunos ingenieros de EPM. Poco probable que los directivos asuman responsabilidades de algún tipo.
El proyecto, probablemente, se terminará en uno o dos años, con un sobrecosto muy alto con respecto a lo prevista hasta la fecha.
EPM, posiblemente vea afectada sus finanzas, pero con los demás proyectos que tiene podrá superar la situación.
La Creg hará todo lo posible por facilitar el futuro de EPM.
Es posible, pero no seguro, que este hecho posibilite las subastas de energía de largo plazo que permitan la entrada de Fuentes de energía renovable no convencional. Ojalá también sea posible la entrada de nuevos agentes.
El atraso del proyecto probablemente no producirá desabastecimiento de energía porque el sistema cuenta con reservas suficientes y ya se anuncia una nueva subasta de energía firme para el mes de octubre (se adelantó dos años con respecto a lo inicialmente previsto).
El modelo del sector eléctrico continuará. Posiblemente se hagan reformas para profundizar el mercado
Consecuencias deseables
Es claro que lo deseable es que esta tragedia produzca cambios de fondo en el modelo eléctrico, entre ellas:
Dar más participación a las comunidades en las decisiones de los proyectos que de alguna manera las afecten.
Establecer un sistema de precios con base en costos y no en competencia de precios, donde quienes tiene el poder de mercado pueden manipular los precios para obtener mayores ganancias.
Organizar a los consumidores para que tengan voz en la Creg, para tener en cuenta sus necesidades y posibilidades.
Democratizar el consumo y la producción de energía, facilitando la entrada de pequeños productores y agrupaciones comunitarias.
Dar mayor injerencia a los municipios en las decisiones sobre el servicio público de energía.
Acelerar el proceso de penetración de fuentes no convencionales de energía. Que los municipios tengan mayor injerencia en las decisiones sobre el servicio público de energía.
Propender porque los megaproyectos hidroeléctricos que afecten a las comunidades y al medio ambiente, por encima de sus beneficios económicos, puedan ser reemplazados por otras fuentes de energía. Que se empiece aceleradamente el proceso de penetración de fuentes no convencionales de energía.
Establecer un sistema de precios con base en costos y no en competencia de precios, donde quienes tiene el poder de mercado pueden manipular los precios para obtener mayores ganancias.
Organizar a los consumidores para que tengan voz en la Creg, para tener en cuenta sus necesidades y posibilidades.
Democratizar el consumo y la producción de energía, facilitando la entrada de pequeños productores y agrupaciones comunitarias.
Dar mayor injerencia a los municipios en las decisiones sobre el servicio público de energía.
Acelerar el proceso de penetración de fuentes no convencionales de energía. Que los municipios tengan mayor injerencia en las decisiones sobre el servicio público de energía.
Propender porque los megaproyectos hidroeléctricos que afecten a las comunidades y al medio ambiente, por encima de sus beneficios económicos, puedan ser reemplazados por otras fuentes de energía. Que se empiece aceleradamente el proceso de penetración de fuentes no convencionales de energía.
En últimas, las consecuencias de esta tragedia en Hidroituango están por verse. Podría no pasar casi nada o podría transformarse el modelo para bien de las mayorías que habitan en Colombia. g
1. Una presa de enrocada con núcleo de arcilla es la que se construye con rocas extraídas de la misma región del proyecto y que en el centro lleva arcilla o barro para impermeabilizarla y que no se filtre el agua. Hay otros tipos de presa: presas de concreto, presas de tierra, etc.
2. Las subastas de energía firme se hacen para garantizar la confiabilidad y desarrollar nuevos proyectos. La CREG define una cantidad de energía a contratar por este mecanismo, denominada firme porque se puede entregar con una probabilidad muy alta, y la adjudica a los proyectos que compiten por el precio menor a recibir en la subasta.
3. https://defensaterritorios.wordpress.com/
2. Las subastas de energía firme se hacen para garantizar la confiabilidad y desarrollar nuevos proyectos. La CREG define una cantidad de energía a contratar por este mecanismo, denominada firme porque se puede entregar con una probabilidad muy alta, y la adjudica a los proyectos que compiten por el precio menor a recibir en la subasta.
3. https://defensaterritorios.wordpress.com/
*Profesor Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia
El modelo
El modelo de funcionamiento del sector eléctrico colombiano se fundamenta en las Leyes 142 y 143 de 1994, que reformaron el modelo estatal que funcionó hasta ese año. Las principales características del modelo existente son:
• Participación privada en todas las actividades de la cadena de producción.
• Separación de actividades: generación, transmisión, distribución y comercialización. Las empresas que se crearan después de las leyes de 1994 no podrían estar integradas verticalmente (tener todas las actividades de la cadena de producción).
• Promover la competencia donde fuera posible: se hizo en la generación y en la comercialización de grandes consumidores.
• Creación de un mercado mayorista de electricidad: Este mercado es competitivo y en él pueden participar los generadores y los comercializadores que le venden la energía a los usuarios finales.
• El Estado se encarga de la regulación de precios y tarifas y de las reglas del mercado. Este rol lo ejecuta la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg–. Las tarifas deben reflejar los costos económicos de producción.
• El Estado se encarga de la planificación a través de la Upme. Sin embargo, en cuanto a la generación esta planeación es meramente indicativa. Las empresas generadoras deciden los proyectos que quieren ejecutar. La Creg da señales económicas para que los proyectos se realicen.
• Promover la competencia donde fuera posible: se hizo en la generación y en la comercialización de grandes consumidores.
• Creación de un mercado mayorista de electricidad: Este mercado es competitivo y en él pueden participar los generadores y los comercializadores que le venden la energía a los usuarios finales.
• El Estado se encarga de la regulación de precios y tarifas y de las reglas del mercado. Este rol lo ejecuta la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg–. Las tarifas deben reflejar los costos económicos de producción.
• El Estado se encarga de la planificación a través de la Upme. Sin embargo, en cuanto a la generación esta planeación es meramente indicativa. Las empresas generadoras deciden los proyectos que quieren ejecutar. La Creg da señales económicas para que los proyectos se realicen.
Uno de los propósitos de las reformas hechas al sector en la década del 90, y que aún hoy se mantienen, era garantizar el suministro confiable y seguro y a partir de mayor eficiencia tener mejores precios para los consumidores finales. El primer objetivo se ha cumplido parcialmente, pero el segundo no. Colombia tiene tarifas de energía más altas que países similares que poseen incluso menos fuentes energéticas que nosotros.
Respecto a la eficiencia en el suministro, el país utiliza hoy combustibles líquidos (principalmente diésel) para la generación de electricidad. Este hecho, muestra una gran ineficiencia en la matriz eléctrica, pues la generación con este combustible es varias veces más costosa que con energías convencionales y tiene impactos en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), efectos ambientales muy cuestionables.
Por otra parte, en la generación eléctrica existe una alta concentración de la propiedad, en la cual tres empresas (EPM, Isagen y Emgesa –propiedad de la italiana Enel) controlan más del 52 por ciento de la capacidad de producción. Esta situación produce capacidad de ejercer poder de mercado, lo cual eventualmente podría afectar los precios de la energía.
En Colombia aún no han penetrado las Fuentes renovables no convencionales de energía (eólicas, solares, biomasa o geotermia) porque el esquema de mercado a ultranza hasta ahora desarrollado no permite que se otorguen los incentivos necesarios para que estas tecnologías entren al país. Además, de contar con recursos abundantes, especialmente de sol, viento y biomasa, la Creg ha demorado años en dar señales de mercado positivas, no solo para que se realicen proyectos con energías limpias sino para que entren nuevos productores que hagan más eficiente el sistema.
En conclusión, en el sector eléctrico impera un modelo de mercado con fuerte participación privada, aunque aún quedan varias empresas públicas (entre ellas EPM).
Información adicional
- Autor:Germán R. Corredor A.
- País:Colombia
- Región:Suramérica
- Fuente:Le Monde diplomatique. edición Colombia Nº178, junio de 2018
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