La huelga inició el siete de enero de 1948. Tras muchos intentos de negociación y promesas incumplidas por parte de la empresa, trabajadores de la Tropical Oil Company, afiliados a la Unión Sindical Obrera –USO–, decretaron jornadas de paro y movilización por tiempo indefinido. Aunque los antecedentes inmediatos se remiten a los despidos masivos y al incumplimiento en la modificación del escalafón, en el centro de la discusión se ubicó la política petrolera colombiana.
El objetivo de la USO, entonces, se convirtió en la nacionalización de la extracción del petróleo en Colombia, que hasta el momento estaba en manos de esta empresa norteamericana, hija de la poderosa Standard Oil Company, perteneciente al grupo Rockefeller. Así mismo lo narra César Julio Carrillo, antiguo dirigente sindical de la USO y quien, aunque no vivió estos sucesos, los conoce y recuerda como parte de esa memoria colectiva que enorgullece al sindicato y le obliga, hoy, a mantener firmes sus reivindicaciones.
La disputa política de la USO
La Troco, como era conocida la empresa, por medio de acciones ilegales adquirió desde 1916 la concesión que años atrás le había otorgado el Estado al colombiano Roberto de Mares, en la zona del Magdalena Medio. Sus operaciones iniciaron en 1921, por lo que logró que el Estado extendiera la concesión hasta 1951. Las precarias condiciones de trabajo y de vida en este enclave petrolero dieron nacimiento, en 1923, a la Unión Obrera. “La USO nació al poco tiempo de que iniciara la industria petrolera en Colombia, entonces comenzaron a desarrollar sus luchas por las cuestiones más mínimas. En el Catatumbo los trabajadores hicieron una huelga muy famosa, que se llamó la huelga del arroz, por el derecho de los trabajadores a comer arroz. En Barrancabermeja fundamentalmente por el derecho a las cosas mínimas, de alimentación, de mejores condiciones de trabajo, de vivienda, etc., y poco a poco fueron ganando espacios que les permitía ascender en sus exigencias”, explica Carrillo.
Según se relata en la investigación Petróleo y Protesta Obrera –realizada por Renán Vega, Ángela Núñez y Alexander Pereira, y publicada en 2009 por la USO–, desde 1946, año en que legalmente la Troco debía revertir al Estado la Concesión de Mares, la empresa inició una campaña para desacreditar las explotaciones, y “afirmaba que la concesión se había convertido en un mal negocio, por cuanto los yacimientos estaban agotándose y no se justificaban nuevas inversiones […]. Actuando en consecuencia, y violando los convenios laborales, en diciembre de 1947 la empresa despidió a 107 obreros, que laboraban en áreas de exploración, limpieza y perforación de pozos, es decir, en sectores cruciales para mantener la rentabilidad de las explotaciones cuando la compañía revirtiera al Estado”.
La Troco, según se explica en este mismo documento, buscaba que la USO se lanzara a una huelga como una forma de presionar al Gobierno a prorrogar la Concesión, pues reintegrar a los trabajadores solo era posible si esto último ocurría. Lo que no se esperaba la compañía es que la huelga se lanzara con un profundo discurso antiimperialista y en defensa de la soberanía nacional. La huelga duró 49 días, y allí participaron aproximadamente 5000 trabajadores de la industria. Sus exigencias fueron, no solo el reintegro del personal despedido, la garantía de estabilidad y derecho a ascensos estipulados en el escalafón, sino que la Nación recibiera la Concesión De Mares, argumentando que esta sí estaba en capacidad de hacerse cargo de los diferentes procesos de la explotación petrolífera.
El Gobierno, por su parte, esperaba que la huelga se agotara en los enfrentamientos entre trabajadores y Fuerzas Militares. Pero contrario a producir un debilitamiento, a nivel nacional se emprendieron acciones de respaldo por parte del movimiento obrero. El clima nacionalista estaba en auge, y el gaitanismo presente en instancias del Gobierno fue decisivo para que el 24 de febrero del año 48 el presidente Ospina Pérez convocara a un tribunal de arbitramento, a través del cual la USO, según se explica en dicha investigación, “consiguió un fallo que además de obligar al reintegro del personal a sus anteriores puestos, presionaba a la compañía a seguir con las labores de mantenimiento y exploración de pozos hasta el último día del contrato”.
Así, la reversión tomó fuerza, y se despejó el camino para la nacionalización de la Concesión. El 27 de diciembre de 1948, el Gobierno profirió la Ley 165, por medio de la cual se autorizaba a la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, que entraría en funcionamiento a partir del 25 de agosto de 1951, día exacto de la reversión. Por ahora, el Sindicato había ganado esta batalla.
Defensa de Ecopetrol y alternativas al extractivismo
Con el nacimiento de Ecopetrol, los retos que se impusieron a la Unión Sindical Obrera fueron mayores. El primero de ellos, no desaparecer. Esto no solo por la imposición de sindicatos patronales desde el momento mismo de la reversión, sino por la oleada de represión, criminalización y exterminio que vivió el movimiento sindical. El segundo reto era, evidentemente, la defensa de Ecopetrol como empresa estatal. “Eso sí tenían claro los trabajadores, constituimos esta empresa, nos costó sacrificio, pero ahora hay que defenderla. Cuando muchos entramos a trabajar a Ecopetrol, ya existía la disputa por el peligro que representaban las multinacionales, al querer adueñarse de esta empresa”, relata Carrillo. Pese a estas luchas, desde el 2006 en el gobierno de Álvaro Uribe, y hasta el momento, se ha venido materializando la privatización de la estatal, con la venta de sus acciones al capital privado.
Un tercer desafío, mucho más grande y más actual, tiene qué ver con el debate nacional en torno a la política minero-energética del país, del cual la Unión Sindical Obrera no es ajena. En ese sentido, la apuesta es “pensar en la Ecopetrol del futuro... si esta debe apostar por seguir en el extractivismo de un recurso que poco a poco se va agotando, o pensar en la consolidación de una empresa productora de energías limpias, que sea fuerte, eficaz, nacional, que no despida ni un trabajador, sino por el contrario, que sea una fuente de empleo”, explica Carrillo.
Es por esto que la Unión Sindical Obrera, como conclusión de la 2da Asamblea Nacional por la Paz que impulsó en 2015, hoy integra la Mesa Social Minero-energética y Ambiental, donde reunidos con sectores ambientalistas, obreros, sociales y políticos discuten la necesidad de trascender la política de despojo y degradación ambiental y social, para construir una que se piense los derechos de la naturaleza, y en su caso, la transición paulatina hacia energías limpias. Carrillo quien también participa de esta iniciativa, cuenta que “este sindicato tiene unas cosas claras ya, por ejemplo, no cambia agua por petróleo. Este sindicato, por ejemplo, no permite que a pocos metros de un río se vaya a perforar un pozo petrolero... eso está claro. Lo que pasa es que no es de un día para otro que cambien las cosas, es un proceso. Son desafíos no solamente del sindicato, sino de la sociedad”.
nformación tomada de periferiaprensa.com
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