Escrito por Equipo desdeabajo
Infomración tomada de desdeabajo.info
Tras casi 4 semanas de crisis, la situación de Hidroituango no varía ni se aclara. En entrevista con desdeabajo, Isabel Zuleta y Juan Pablo Soler, directora y vocero del Movimiento Ríos Vivos, respectivamente, hablaron de la difícil situación que atraviesan las víctimas de la hidroeléctrica, que habitan los municipios de Ituango, Sabana Larga, Toledo, Peque, Valdivia, Briceño, y los demás que completan la lista de 12 municipios afectados.
Inicia la primera semana de junio y la zozobra es la nota predominante en los alrededores del bajo Cauca, región aledaña a la represa Hidroituango. Insólito. Después de cerca de un mes de iniciada la emergencia en el municipio de Ituango, todavía no se cuenta con albergues dignos y las ayudas humanitarias son insuficientes. En el municipio de Sabana Larga, donde hay más de quinientas personas albergadas, el Comité Local de Riesgo decretó que no había una situación de alerta, a pesar de tener a todas estas personas alojadas en el parque municipal, espacio utilizado como refugio después del desplazamiento.
¿Por qué persiste esta situación? Juan Pablo Soler afirma que: “Esto obedece a una carta que el 14 de mayo escribió el Dapard diciendo que habría responsabilidad jurídica en la alcaldía municipal si se confundía la situación humanitaria con la protesta social. Es inaudito que estas personas, después de 20 días, sean tratadas así. No han recibido ayuda humanitaria por parte del departamento, a pesar de las declaraciones del gobernador de Antioquia que dice que todas sus decisiones, al igual que las de EPM, son en función de las comunidades”.
Aguas abajo, en el municipio de Valdivia, la gente permanece en el pueblo en estado de alerta, la zozobra se vuelve cada vez más inmanejable debido a las alertas que, según Soler, un día son rojas al otro día dicen que son naranjas. Sin embargo, hace dos días volvió a decretarse la alerta roja, debido a que ocurrieron dos temblores, uno en la mañana y otro en la tarde. Actualmente, el monitoreo está a cargo de contratistas internacionales quienes ordenaron la evacuación total de la obra debido al derrumbamiento sobre la margen derecha de la presa, y a un derrumbe que hubo en el interior de la casa de máquinas, en la zona conocida como plazoleta.
Las personas vuelven a sus casas a pesar del riesgo, otras han emigrado.
Muchos habitantes han decidido volver a sus viviendas sobre todo porque en el kilómetro 14 y 15 vía Puerto Valdivia, algunas viviendas no sufrieron daños y es lo único que les queda, también temen que hurten los pocos enseres que les quedan. No obstante, se mantienen en alerta permanente por el aumento del caudal del Cauca.
Cuenta Soler que las personas que habitan los bordes del río deciden arriesgar sus vidas volviendo a sus tierras, por sus cultivos, porque no pueden descuidarlos pues es parte de lo que aún les queda; han regresado bajo todo el riesgo que implica estar ahí; igual sucede con los barqueros y las familias dedicadas a la pesca.
La población está ante una situación incierta, imagínese, dicen nuestros entrevistados, todavía es incierto el número de damnificados. Isabel Zuleta da un aproximado de las personas afectadas: “Nosotros solo tenemos registro de los que están vinculados al movimiento, pero es muy difícil hacer los cálculos, la Procuraduría está haciendo un cálculo de doscientas mil, solo del muro hacía abajo; nosotros hicimos un cálculo de más de tres mil personas del muro hacia arriba, pero falta contar a toda la gente, por ejemplo de veredas que quedaron aisladas, mil personas de cinco veredas que quedaron aisladas cuando se inundó el puente La Garrucha, entre Sabana Larga y Buriticá”.
Ante la incertidumbre, “[…] muchos habitantes han salido, han viajado a Medellín o a municipios de Antioquia donde viven familiares; quienes se han quedado no tienen para donde irse ni medios de vida, y no saben qué hacer […]”, asevera Isabel.
La comida no alcanza, no hay ayuda humanitaria. Ninguna administración resuelve nada.
Según Soler, en Puerto Valdivia son constantes las denuncias porque la comida no es suficiente, no se está entregando a la hora que debe ser y eso genera intranquilidad. Y agrega, “con la creciente del 12 de mayo a la gente se le mojó todo y hay gente que no tiene ropa, que no tiene frazadas y hemos tratado de solventar eso con la solidaridad, porque lo que ha llegado después de decretar la alerta no ha solventado con la suficiencia que se requiere”.
Por su parte, Isabel cuenta que, “La gobernación se había comprometido a reunirse con el Movimiento esta semana y no cumplió, nadie nos ha llamado ni nos ha convocado a ningún tipo de reunión para resolver esta situación en Sabana Larga, en donde las personas afectadas viven en total abandono; tampoco en el municipio de Ituango, donde el alcalde se había comprometido con la gente en comprar una tierra donde ellos pudieran habitar y hasta ahora no han cumplido […]”.
¿Podrán todas estas personas volver a la cotidianidad que tenían hasta antes de que la represa entrara en crisis? ¿Quién les pagará por todo lo perdido? ¿Es factible que estos miles de miles se reúnan, deliberen y tomen decisiones sobre lo que está afectando sus vidas? ¿Es procedente que empiecen a demandar a los causantes de esta situación, para que asuman la responsabilidad que les compete y cubran todos los daños producidos, sobre el territorio y sobre todos y cada uno de quienes lo habitaban?
Estos y otros interrogantes no es raro que empiecen a surgir y ser conversados durante las largas horas de cada día, las cuales hay que sobrellevar en el letargo de los albergues y las dificultades de la improvisación. Y así podría ser, pues, en general, la población afectada por Hidroituango vive en ascuas. En lo que respecta a los municipios ubicados aguas abajo, la gente mantiene su angustia; preparan sus albergues para muchos meses pues no saben cuándo terminará este calvario. Piden que se desmantele la represa ya que su construcción ha traído como consecuencia la pérdida de los medios para ganarse la vida, y es un riesgo inminente para más de 350 mil personas.
No es una crisis menor, y las preguntas y las respuestas tampoco deben de serlo.
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