Economía 11 Jul 2018 -Redacción Economía. Información tomada de elespectador.com
Las
diferencias que existen entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y
familias que aseguran ser afectadas por el embalse de Hidroituango
acaban de pasar a manos de la justicia. Como contó El Espectador
a finales de mayo pasado, el drama que se vive a raíz de la crisis en
el proyecto hidroeléctrico no es exclusivo de las comunidades de la
ribera aguas abajo. Aguas arriba hay ciudadanos que afirman haberlo
perdido todo luego de que el río Cauca se represó de forma imprevista
por la contingencia que se desató a finales de abril en la obra liderada
por EPM.
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Un grupo de ciudadanos asentado en el sector conocido comúnmente como Guasimal o ‘El Bombillo’, con la asesoría de un abogado ad honorem
y representados por un líder, interpuso una acción de tutela en el
municipio de Ituango, justo después de que al sector donde habían
instalado sus cambuches llegara una orden de desalojo. EPM solicitó
amparo policivo al considerar que su propiedad está siendo perturbada
por la ocupación de estas personas. En la notificación, la inspección
municipal de Policía especifica que el predio en el que están estas
familias se denomina San Juan de Rodas y pertenece a Empresas Públicas.
En su acción, el líder Yamil Higuita, en representación de su
comunidad (17 familias), relata que llegaron a ‘El Bombillo’ hace más de
dos meses luego de una creciente del río que inundó la playa donde se
dedicaban a la minería artesanal. Cuenta que el agua se llevó sus casas,
enseres, cultivos y animales, y añade que no fueron incluidos en el
censo de familias que en su momento hizo EPM para saber quiénes
habitaban en esta zona de influencia del proyecto. Afirma que esa
medición se hizo en el puente Pescadero y no en las playas, donde se
encontraban trabajando. “A pesar de ello hemos solicitado ser incluidos
habiendo recibido siempre una respuesta negativa”.
En el documento, sostiene que la Gobernación de Antioquia, la
administración de Ituango, EPM y el consorcio constructor de la obra,
CCC Ituango, han vulnerado los derechos a la vida digna, al trabajo, al
mínimo vital, entre otros. Cuenta que han vivido de la caridad de las
personas que transitan por la zona, que, por cierto, está sobre la vía
que del proyecto hidroeléctrico conduce a la cabecera municipal de
Ituango. Además, apunta que la atención se ha concentrado aguas abajo,
en las comunidades que continúan en riesgo por lo que suceda con la
presa.
Para el abogado, Carlos Alberto Calle, la petición más urgente es la
de cesar la solicitud de amparo policivo a favor de EPM, pues estas
personas aseguran que no tienen adónde ir. Piden, también, que el juez
ampare sus derechos, que la alcaldía los proteja y ser incluidos en el
censo. Esto es relevante teniendo en cuenta que Empresas Públicas
sostiene que las personas impactadas en su actividad económica y que se
encuentran en el censo “han sido compensadas de acuerdo con el real
impacto”. Higuita, por su parte, expresa en la tutela: “No somos
oportunistas”. A la acción anexaron documentación que consideran como
pruebas de su actividad, como un certificado de la alcaldía, y de su
ubicación en las playas.
En mayo, cuando El Espectador visitó el lugar,
integrantes de estas familias afirmaron no tener relación con el
movimiento Ríos Vivos, cuya vocería ha resaltado en medio de esta
contingencia. “Para uno reclamar sus derechos no necesita inscribirse a
ninguna asociación”, dijo Alba Lucía Torres en ese momento. Entonces,
consultada sobre la problemática, EPM también en mayo aclaró varios
puntos, entre los que se destacan que hubo tres momentos de toma de
información: en 2006, 2008 y entre 2009 y 2010, “en los diseños
definitivos, se actualizó la información censal. La metodología fue
concertada con líderes, personerías y alcaldes, teniendo en cuenta el
calendario económico, el verano y el veranillo”.
En esa respuesta por escrito entregada a El Espectador,
EPM afirmó que no ponía en tela de juicio que las personas sean
mineras. Sin embargo, “los reclamantes deben soportar por qué no
estuvieron en los momentos de la toma de información”.
El vocero Jorge Ignacio Castaño Giraldo, director Ambiental, Social y
Sostenibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, agregó en mayo
pasado “que las playas ocupadas por quienes aducen ser damnificados son
propiedad del proyecto y, muchos de ellos, están notificados para de
acuerdo con el procedimiento restablecer la propiedad. Otros han sido
compensados. Otros tienen la compensación en el juzgado. Otros no están
en el censo ni han soportado objetivamente por qué no estaban durante la
toma de información”.
En la respuesta concluyó: “El proyecto ha concertado con el 93 % de
la población impactada. Sólo faltan 22 mineros, a quienes se les
adelanta en proceso de información y de consulta para la concertación y
posterior firma del contrato. El proyecto no tiene damnificados en
Ituango. Al contrario, previa la situación ocurrida adelantaba el debido
proceso para restablecer los bienes de su propiedad, ocupados de manera
irregular por estos ciudadanos”.
La administración municipal de Ituango, por su parte, a finales de
mayo explicó que con la Secretaría de Minas estaba haciendo un cotejo
para ver cuántos de los que se dicen afectados estaban en el sistema
reconocidos como barequeros. El alcalde, Hernán Darío Álvarez, señaló en
ese momento que era necesario hacer “un estudio profundo” para
esclarecer la situación de las personas que se declaran damnificadas. La
administración agregó que, debido a que la inundación de las playas
impidió hacer la verificación de las afectaciones in situ, no
se podía afirmar que todos los albergados son damnificados, pero que se
presumía la buena fe en la atención de la emergencia. El Espectador intentó
obtener una actualización de esta información por parte de la Alcaldía,
pero al momento de esta publicación todavía no habíamos recibido
respuesta.
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