Desde el pasado 21 de marzo, en la playa el Arenal del municipio de Sabanalarga, Antioquia, las comunidades campesinas, barequeras, arrieras y pescadoras han salido a defender su territorio, su forma de trabajar y a su patrón mono –como le dicen al río–, frente al despojo generado por la construcción de una de las hidroeléctricas más grandes de América Latina: Hidroituango.
Las comunidades que hacen parte de la Asociación de Mineros Artesanales de Sabanalarga, adscritos al Movimientos Ríos Vivos Antioquia, han visto amenazada su integridad con el accionar de las empresas contratistas de EPM (como Refocosta y Plantar), especialmente ahora que han decidido arremeter deforestando 4.500 hectáreas de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, para la inundación que hará en junio la multinacional.
Con esto se afectará a más de 19 municipios y a las comunidades que han habitado ancestralmente estos territorios del cañón del Cauca, destruyendo sus lugares de vida y de trabajo, así como el hábitat de comunidades animales y vegetales.
Las comunidades que hacen parte de la Asociación de Mineros Artesanales de Sabanalarga, adscritos al Movimientos Ríos Vivos Antioquia, han visto amenazada su integridad con el accionar de las empresas contratistas de EPM (como Refocosta y Plantar), especialmente ahora que han decidido arremeter deforestando 4.500 hectáreas de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, para la inundación que hará en junio la multinacional.
Con esto se afectará a más de 19 municipios y a las comunidades que han habitado ancestralmente estos territorios del cañón del Cauca, destruyendo sus lugares de vida y de trabajo, así como el hábitat de comunidades animales y vegetales.
Un proyecto con historia
La idea de transformar el agua en un negocio energético no es nueva en Antioquia, actualmente el departamento más inundado de Colombia. En la cuenca del río Cauca de este departamento se vienen realizando estudios desde 1969, cuando José Tejada Sáenz, de la consultora Integral S.A, realizó un estudio titulado “Desarrollo Hidroeléctrico del Cauca Medio”. Entre 1979 y 1982, la misma firma consultora realizó los estudios de factibilidad del proyecto Hidroituango. Desde entonces, el proyecto fue incluido en los planes de expansión del Sector Eléctrico Colombiano como uno de los emprendimientos hidroeléctricos con factibilidad terminada, es decir, que se proyecta como rentable.
En 1997 a través de la Ordenanza 35, la Asamblea Departamental facultó al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, para promover una empresa que realizaría los estudios en un corredor del río Cauca. De esta manera en 1998 se protocolizó el nacimiento de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango para construir y comercializar la energía generada por el proyecto.
Este proyecto hidroeléctrico, localizado en ambas márgenes del río Cauca entre las desembocaduras del río San Andrés y el río Ituango, obtuvo de manera irregular la declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social en el año 2008, antes de otorgársele la licencia ambiental en el año 2009. Esto permitió a EPM y a la Gobernación de Antioquia iniciar las obras para construir un muro de 225 metros para un embalse de 79 kilómetros, que generará 2.400 MW, lo que implica la inundación de 26 mil hectáreas.
Marta Lucía Rodríguez, proveniente de Puerto Valdivia y afectada por el primer túnel de la hidroeléctrica, cuenta que “Cuando ellos empezaron a construir el túnel me dijeron que me tenía que ir por siete meses y luego podía regresar sin ningún problema, y fue falso porque no he podido regresar. Yo tenía una cocina de leña con la que me buscaba el sustento, hacía empanadas, buñuelos, hasta las muchachas que trabajaban en la represa me compraban. No regresé ni firmé el acto de vecindad, porque ahí no se contemplaba el daño que nos hacían; ha habido muchos derrumbes desde que el túnel está ahí y EPM no me ha querido responder, yo necesito un techo digno, necesito que EPM me responda por mi sustento económico que ya no lo puedo tener”.
Marta se encuentra desplazada y con su esposo enfermo, a raíz de un paro respiratorio por la difícil situación que están viviendo y que ahora no le permite trabajar. Un día Marta se encontró con el Alcalde del municipio en el puesto de salud y lo confrontó: “Jonás usted qué va a hacer con nosotros, yo necesito un techo digno para meterme con mi familia”. La respuesta del Alcalde fue que la situación se le salía de las manos y que eso lo debía resolver EPM, “y me dijo que entonces me pusiera un lazo, lo amarrara a una piedra y me arrojara al río… qué esperanzas con las que uno vive después de esa respuesta de un alcalde”, recuerda con indignación.
Afectaciones ambientales
El bosque seco tropical se encuentra en tierras bajas entre los 0 y 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y se caracteriza por presentar lluvias durante el año, pero también largos períodos de sequía que pueden ir desde tres hasta cinco meses. Esto permite encontrar una diversidad única de plantas, animales y microorganismos adaptados a condiciones extremas. Además, se puede encontrar este hábitat en regiones con bastantes lluvias, pero donde los suelos retienen poca agua.
Entre las especies de árboles que se encuentran en la zona están la ceiba, el amargo, el almácigo, el piñón de oreja y el cedro; algunas de las especies animales son la guacamaya verde oscura, el toche enjalmado, la habia ahumada, el tucán limón, el cacique candela y el tití gris, “estas especies son de especial cuidado porque algunas son endémicas, o sea que si llegan a desaparecer para esa zona es una especie extinta, desaparece para el mundo porque solo viven ahí, o están en alguna categoría de amenaza, puede que el ave no sólo viva ahí pero se encuentra vulnerable o en peligro”, afirma María José Andrade, joven defensora del territorio.
Actualmente, en Colombia solo queda un ocho por ciento de bosque seco tropical; es decir, solo se conservan 720.000 hectáreas de los nueve millones con las que contaba originalmente el país. Uno de los grandes afectados del modelo minero-energético son precisamente estas zonas de vida, ya que muchas de las infraestructuras hidráulicas para la generación de energía están asociadas al bosque seco tropical. Proyectos como El Quimbo, el Espíritu Santo e Hidroituango, destruirían estos territorios agro-biodiversos con la inundación.
Las comunidades entre el conflicto y la revictimización
La zona de el cañón del río Cauca ha sido disputada entre las FARC, el ELN, los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas, lo que ha dejado 73 masacres, en su mayoría cometidas desde el año 1997. Debido a este contexto, gran parte de los habitantes de estos territorios han sido víctimas del desplazamiento forzado.
Con Hidroituango, las Empresas Públicas de Medellín y la Gobernación de Antioquia están revictimizando a las comunidades afectadas por el conflicto armado, ahora al ser desplazadas por el megaproyecto energético. Son más de 700 familias que están viendo transformadas sus formas de vida con la privatización y militarización de los territorios cañoneros, con la llegada a la región de maquinaria, ejércitos públicos y privados, y contratistas de EPM.
“La llegada del proyecto a estos municipios ha traído desplazamientos, desalojos de las playas, daños al medio ambiente, un censo nefasto que hizo, un manual de valores que lo hicieron a su amaño, y el barequeo y la pesca se está perdiendo. Las culturas ancestrales que había alrededor del cañón también. La negociación que hizo fue muy injusta con algunos de los barequeros que habíamos quedado censados. Hay varias familias que están en el cañón del Cauca ejerciendo aún el barequeo, y están siendo desalojadas, ya que EPM dice que el proyecto no se puede parar, entonces que les den soluciones”, dice Cristóbal Giraldo, presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, ASVAMITUANGO.
Este proyecto hidroeléctrico, localizado en ambas márgenes del río Cauca entre las desembocaduras del río San Andrés y el río Ituango, obtuvo de manera irregular la declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social en el año 2008, antes de otorgársele la licencia ambiental en el año 2009. Esto permitió a EPM y a la Gobernación de Antioquia iniciar las obras para construir un muro de 225 metros para un embalse de 79 kilómetros, que generará 2.400 MW, lo que implica la inundación de 26 mil hectáreas.
Marta Lucía Rodríguez, proveniente de Puerto Valdivia y afectada por el primer túnel de la hidroeléctrica, cuenta que “Cuando ellos empezaron a construir el túnel me dijeron que me tenía que ir por siete meses y luego podía regresar sin ningún problema, y fue falso porque no he podido regresar. Yo tenía una cocina de leña con la que me buscaba el sustento, hacía empanadas, buñuelos, hasta las muchachas que trabajaban en la represa me compraban. No regresé ni firmé el acto de vecindad, porque ahí no se contemplaba el daño que nos hacían; ha habido muchos derrumbes desde que el túnel está ahí y EPM no me ha querido responder, yo necesito un techo digno, necesito que EPM me responda por mi sustento económico que ya no lo puedo tener”.
Marta se encuentra desplazada y con su esposo enfermo, a raíz de un paro respiratorio por la difícil situación que están viviendo y que ahora no le permite trabajar. Un día Marta se encontró con el Alcalde del municipio en el puesto de salud y lo confrontó: “Jonás usted qué va a hacer con nosotros, yo necesito un techo digno para meterme con mi familia”. La respuesta del Alcalde fue que la situación se le salía de las manos y que eso lo debía resolver EPM, “y me dijo que entonces me pusiera un lazo, lo amarrara a una piedra y me arrojara al río… qué esperanzas con las que uno vive después de esa respuesta de un alcalde”, recuerda con indignación.
Afectaciones ambientales
El bosque seco tropical se encuentra en tierras bajas entre los 0 y 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y se caracteriza por presentar lluvias durante el año, pero también largos períodos de sequía que pueden ir desde tres hasta cinco meses. Esto permite encontrar una diversidad única de plantas, animales y microorganismos adaptados a condiciones extremas. Además, se puede encontrar este hábitat en regiones con bastantes lluvias, pero donde los suelos retienen poca agua.
Entre las especies de árboles que se encuentran en la zona están la ceiba, el amargo, el almácigo, el piñón de oreja y el cedro; algunas de las especies animales son la guacamaya verde oscura, el toche enjalmado, la habia ahumada, el tucán limón, el cacique candela y el tití gris, “estas especies son de especial cuidado porque algunas son endémicas, o sea que si llegan a desaparecer para esa zona es una especie extinta, desaparece para el mundo porque solo viven ahí, o están en alguna categoría de amenaza, puede que el ave no sólo viva ahí pero se encuentra vulnerable o en peligro”, afirma María José Andrade, joven defensora del territorio.
Actualmente, en Colombia solo queda un ocho por ciento de bosque seco tropical; es decir, solo se conservan 720.000 hectáreas de los nueve millones con las que contaba originalmente el país. Uno de los grandes afectados del modelo minero-energético son precisamente estas zonas de vida, ya que muchas de las infraestructuras hidráulicas para la generación de energía están asociadas al bosque seco tropical. Proyectos como El Quimbo, el Espíritu Santo e Hidroituango, destruirían estos territorios agro-biodiversos con la inundación.
Las comunidades entre el conflicto y la revictimización
La zona de el cañón del río Cauca ha sido disputada entre las FARC, el ELN, los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas, lo que ha dejado 73 masacres, en su mayoría cometidas desde el año 1997. Debido a este contexto, gran parte de los habitantes de estos territorios han sido víctimas del desplazamiento forzado.
Con Hidroituango, las Empresas Públicas de Medellín y la Gobernación de Antioquia están revictimizando a las comunidades afectadas por el conflicto armado, ahora al ser desplazadas por el megaproyecto energético. Son más de 700 familias que están viendo transformadas sus formas de vida con la privatización y militarización de los territorios cañoneros, con la llegada a la región de maquinaria, ejércitos públicos y privados, y contratistas de EPM.
“La llegada del proyecto a estos municipios ha traído desplazamientos, desalojos de las playas, daños al medio ambiente, un censo nefasto que hizo, un manual de valores que lo hicieron a su amaño, y el barequeo y la pesca se está perdiendo. Las culturas ancestrales que había alrededor del cañón también. La negociación que hizo fue muy injusta con algunos de los barequeros que habíamos quedado censados. Hay varias familias que están en el cañón del Cauca ejerciendo aún el barequeo, y están siendo desalojadas, ya que EPM dice que el proyecto no se puede parar, entonces que les den soluciones”, dice Cristóbal Giraldo, presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, ASVAMITUANGO.
Giraldo se refiere al censo realizado por EPM, en el que según las comunidades no se realizó una debida caracterización de la población afectada, situación que reconoció la empresa en respuesta a un derecho de petición, y explicó que no entró a las playas donde trabajan las comunidades debido a la situación de orden público.
Con la inundación del cañón, además, se cierra la posibilidad de que familias que fueron afectadas por el conflicto armado tengan acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, puesto que, de inundarse la zona, perderían la posibilidad de encontrar los cuerpos de sus seres queridos y poder ejercer el derecho al duelo.
Hasta ahora las autoridades han exhumado en el área de impacto 159 cuerpos, aunque las cifras oficiales documentan más de 650 casos de desaparición. Es el caso de uno de los barequeros de la playa Guayacán, quien describe su situación actual así: “atropellado por la violencia, desplazado y desalojado por Hidroituango y víctima del conflicto armado, tengo un hermano desaparecido, ya va a ajustar 16 años, no hemos sabido nada de él. Arrinconado y acribillado por la indemnización que da Hidroituango, es una indemnización que no nos da ninguna garantía de una vida mejor sino antes de vivir peor”.
Con la inundación del cañón, además, se cierra la posibilidad de que familias que fueron afectadas por el conflicto armado tengan acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, puesto que, de inundarse la zona, perderían la posibilidad de encontrar los cuerpos de sus seres queridos y poder ejercer el derecho al duelo.
Hasta ahora las autoridades han exhumado en el área de impacto 159 cuerpos, aunque las cifras oficiales documentan más de 650 casos de desaparición. Es el caso de uno de los barequeros de la playa Guayacán, quien describe su situación actual así: “atropellado por la violencia, desplazado y desalojado por Hidroituango y víctima del conflicto armado, tengo un hermano desaparecido, ya va a ajustar 16 años, no hemos sabido nada de él. Arrinconado y acribillado por la indemnización que da Hidroituango, es una indemnización que no nos da ninguna garantía de una vida mejor sino antes de vivir peor”.
El pasado 21 de abril, 25 eurodiputados enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos, al Fiscal, Procurador y al Gobernador, a quienes les expresaron su preocupación por la inundación que se realizará el mes de junio. Los parlamentarios les solicitaron a las autoridades “garantizar a las víctimas del conflicto armado y a los familiares de personas desaparecidas que en la zona de afectación de Hidroituango no quedan más cuerpos por exhumar, antes del llenado del embalse. Suspender el llenado de ser necesario hasta que estas labores no sean debidamente realizadas en su totalidad y den certeza a las víctimas y comunidad internacional", puntualizaron en la misiva.
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En las playas Guayacán y Mote, jurisdicción del municipio de Ituango, desde el miércoles 11 de abril el río empezó a crecer y arrasó con la cobertura vegetal que ha talado Hidroituango desde el municipio de Peque. Esta palizada ya no pudo seguir como antes lo hacía, pues ahora hay un muro y unos túneles que bloquean el río, lo que generó grandes inundaciones que afectaron a dichas comunidades. Al amanecer del 15 de abril fueron rescatadas dos personas del río, a quienes la institucionalidad no brindó atención ante la emergencia que se vive, sin cumplirse la Ley 1523 de 2012 donde obliga a los comités regionales del riesgo a realizar el registro único de damnificados. La queja de las comunidades es que nadie las visita. A pesar de esto continúan unidos bajo el lema: ¡Aguas para la vida, no para la muerte!
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En las playas Guayacán y Mote, jurisdicción del municipio de Ituango, desde el miércoles 11 de abril el río empezó a crecer y arrasó con la cobertura vegetal que ha talado Hidroituango desde el municipio de Peque. Esta palizada ya no pudo seguir como antes lo hacía, pues ahora hay un muro y unos túneles que bloquean el río, lo que generó grandes inundaciones que afectaron a dichas comunidades. Al amanecer del 15 de abril fueron rescatadas dos personas del río, a quienes la institucionalidad no brindó atención ante la emergencia que se vive, sin cumplirse la Ley 1523 de 2012 donde obliga a los comités regionales del riesgo a realizar el registro único de damnificados. La queja de las comunidades es que nadie las visita. A pesar de esto continúan unidos bajo el lema: ¡Aguas para la vida, no para la muerte!
“Mire uno se mete al río
y todo se ve acabado
pues donde uno barequeaba
ya todo está bien tapado
de piedras, palos y escombros
que esta empresa tiró
y los puntos de bareque
esta empresa los tapó”
Trova de Edinson Pérez, El Mal Peinado.
y todo se ve acabado
pues donde uno barequeaba
ya todo está bien tapado
de piedras, palos y escombros
que esta empresa tiró
y los puntos de bareque
esta empresa los tapó”
Trova de Edinson Pérez, El Mal Peinado.
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