3 jul. CI. – El Pacífico colombiano ha sido una región históricamente impactada por el conflicto armado y por el abandono Estatal, dejando una compleja situación de empobrecimiento, desigualdad y grave vulneración a los derechos fundamentales. Tras la Firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- y el Gobierno se han incrementado las violaciones a los derechos humanos, siendo los líderes y lideresas sociales los más afectados.
El 2 de octubre de 2016 el Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño -departamentos que conforman la región Pacífico- le dieron el ‘Sí’ al plebiscito por la paz, buscaban: transformación social, políticas de vida, reconciliación, garantías de no repetición y de derecho, reparación, memoria y justicia, reconocimiento y dignidad todo ello con la esperanza puesta sobre la firma que le daría terminación al conflicto armado de más de 50 años con las FARC.
Un año después de la firma por la Paz, el escenario seguía desgarrado por la violencia: en noviembre de 2017 la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –Acnur- denunciaba el asesinato de 78 defensores de derechos humanos y líderes sociales en esta región.
Así mismo, al finalizar el 2017, según el Registro Único de la Unidad de Víctimas, el reporte de víctimas por desplazamiento forzado fue de 54.684. En el Chocó se registró la cifra más alta con 9.684 víctimas, seguida de Nariño con 7.776. Según la Corte Constitucional, nada más en Nariño se habían registrado 18 casos de desplazamientos masivos.
La anhelada no repetición del conflicto armado se ha quedado en la resistencia de comunidades del Pacífico que cada vez se debilitan más debido al constante asedio por parte del surgimiento de pequeños grupos armados que se han multiplicado y que ahora se disputan los territorios estratégicos que dejaron las FARC en su momento.
“Lo que menos queremos es que nuestros territorios se conviertan de nuevo en zonas de combate, nuestros pueblos en campos de batalla y nuestros jóvenes en botín para continuar la guerra. Seguimos creyendo en el diálogo como único camino válido que nos puede conducir a una paz digna y duradera. Por lo tanto, alimentamos muchas esperanzas de que el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, iniciado en la mesa de diálogo en Quito y reanudado ahora en La Habana, avance para el bien de las comunidades”, sostuvo el S.O.S enviado a la opinión pública por parte de las comunidades, movimientos sociales afro e indígenas del Medio Atrato, tras las agresiones que se vienen presentando recientemente contra las poblaciones del Chocó.
Radiografía del flagelo
Docenas de advertencias y reportes por parte de los organismos nacionales e internacionales han intentado visibilizar y alertar sobre el riesgo de comunidades afro e indígenas en el departamento del Chocó durante los últimos cuatro años.
Hace más de dos años el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó sus primeras alertas sobre la grave situación humanitaria en el Chocó. Hoy por hoy la intervención gubernamental para contrarrestar el ensañamiento de la guerra en este departamento no se ha sentido.
Las amenazas, reclutamiento infantil, minas antipersonas, confrontamientos entre los grupos armados ilegales en la zona han repercutido en el tejido social de comunidades que se han visto obligadas al confinamiento y desplazamiento masivo, muchas veces, condenadas a albergues negligentes de las garantías de sus necesidades básicas debido a las restricciones de acceso a los sectores, precisamente por el riesgo de la constante de la guerra.
Desde finales del 2015 las confrontaciones entre el ELN y las autodenominadas AGC –Autodefensas Gaitanistas de Colombia- se han recrudecido y han venido hostigando a las comunidades debido al control territorial que tienen estos grupos armados sobre las diferentes zonas, siendo actualmente los indígenas Embera Dobida los más afectados.
El pasado 17 de mayo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios -OCHA- informó sobre el confinamiento en zona rural del municipio de Nuquí -Chocó-, causando el confinamiento de al menos 1.548 personas, agrupadas en 331 familias, pertenecientes a seis comunidades indígenas de los Embera Dovida.
Estos grupos subversivos también se han venido concentrado principalmente cerca en las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí y Domingodó, afluentes del río Atrato, ya que estos corredores son de principal interés por su geografía, conecta el Pacífico con la frontera de Panamá y las zonas selváticas constituyen espacios perfectos para la concentración y planeación de actividades ilícitas para el sostenimiento de incursiones.
Panorama de líderes sociales del Pacífico
La defensa de los derechos por la vida y las reivindaciones se han vuelto foco de terror para quienes acogen acciones de denuncia y resistencia de sus intereses comunitarios. Hoy los fusiles callan la voz de la esperanza, de la vida. Las medidas de protección para los líderes sociales no son suficientes; un botón de pánico, un celular, un chaleco antibalas, un carro no es suficiente para la fuerza del terror.
Lo que se necesita son garantías judiciales, presencia del Estado para que respondan las necesidades urgentes de estas poblaciones victimizadas por el conflicto armado.
En abril y mayo del presente año, Obdulio Angulo Zamora, Hermes Angulo Zamora, Simeón Olave Angulo e Iber Angulo Zamora, procedentes del Naya –Valle del Cauca-, fueron secuestrados y asesinados por la disidencia de las FARC autodenominados Frente Fuerza Unida del Pacífico.
Todos ellos eran familiares y tres hacían parte de la Coordinación Política y Social de Marcha Patriótica y del Consejo Comunitario Río Naya.
Incluso Iver Angulo Zamora, fue secuestrado mientras era transportado en una lancha dentro de la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Personería local, quienes buscaban salvaguardar su vida tras las amenazas de la disidencia, ya que lo estaban buscando desde principios de mayo de este año.
Estos crímenes de lesa humanidad prendieron las alarmas en la población, llevando a 145 familias, según datos del Consejo Comunitario El Naya, a desplazarse a Buenaventura, donde el panorama económico y social es uno de los más graves que ha dejado las dinámicas del conflicto armado y el abandono del Gobierno: Según últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- del 2017 se calculaba que el 64% de la población urbana y el 91% de la rural son considerados pobres, y que el 9,1% vive en condiciones de miseria.
Por otro lado, en abril de este año, 35.000 tumaqueños del litoral nariñense marcharon bajo la consigna “No más”, refiriéndose a la situación insostenible que se vive allí debido a las dinámicas de los negocios ilícitos que se entreteje en este municipio. Actualmente Nariño es el segundo departamento con mayor número de líderes sociales asesinados durante el 2018, el saldo es de 32 asesinatos.
“Informamos sobre las continuas amenazas que vienen generando situaciones de riesgos a los líderes y lideresas que defendemos los derechos humanos y étnicos. Exigimos de manera reiterada al gobierno nacional garantías reales de protección individual a la vida de los líderes y lideresas y de protección colectiva a nuestras comunidades negras radicadas en los territorios colectivos y ancestrales del departamento de Nariño”, exigió la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Etnicoterritoriales en Nariño, después de que denunciaran el asesinato de tres líderes sociales durante el primer fin de semana de junio, entre ellos uno de Nariño.
En el informe realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria reportaron el asesinato de más de 78 líderes hasta mayo 2018, para un total 282 líderes y lideresas sociales y defensores ydefensoras de Derechos Humanos asesinados después la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera.
Exguerrilleros de las FARC en constante amenaza
El informé también dio a conocer que, entre noviembre de 2017 y mayo del 2018, fueron asesinados 80 exguerrilleros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-EP-, y familiares de los mismos, quienes se encontraban en proceso de Reincorporación a la vida civil. Antioquia presentó el número de 17 asesinatos, seguido de Nariño con 16 y el Cauca con 8.
Es así como la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC en los territorios y su trabajo colectivo con las comunidades se han visto impedidos por falta de compromiso gubernamental con los acuerdos y por la falta de control ante el reacomodo de la violencia, reconfigurándose dinámicas paramilitares y guerrilleras.
¿Cómo ha respondido el Gobierno?
Las necesidades explícitas de esta región han sido respondidas de la forma más poco contundente, repetitiva y no acorde con las denuncias sociales. Por ejemplo, en octubre de 2017 el presidente Juan Manuel Santos anunciaba la Operación Atlas que emprendería la lucha contra la criminalidad del Tumaco –Nariño-, liderada por 9000 policías y militares, siendo este plan el reforzamiento de otros anteriores del que no había mucho éxito.
Se desatienden las necesidades estructurales que tienen que ver con factores económicos y sociales, cuya consecuencia han sido el surgimiento de la criminalidad, mas no es el factor de fondo. Sólo hasta este año, se anunció un plan integral para el Tumaco, denominado Plan Tumaco Renace, otro reforzamiento de los antiguos planes, del que los resultados han sido vagos, pues el recrudecimiento de la violencia y comunidades acechadas no da tregua.
Protesta social para ser escuchados
En el departamento del Cauca los llamados a que el Gobierno asista y de cuenta del padecer de las problemáticas rurales de las comunidades indígenas ha sido a través de medios como el derecho a la protesta, a la movilización colectiva, pues sólo así, han logrado poner los ojos de la sociedad y del Estado sobre este departamento.
Son los indígenas del norte del Cauca quienes exigen el de la declaratoria de emergencia económica, social y cultural expedida mediante el decreto 982 de 1999, y acuerdos que buscan lograr para la solución de sus arraigadas adversidades y cuyo Gobierno insiste con dejadez y poca obligatoriedad.
En general las respuestas a las comunidades del Pacífico que luchan, resisten, denuncian, han sido como las anteriores expuestas, no hay real prioridad de atención y una reconstrucción democrática de las grietas que ha dejado el conflicto armado y el abandono Estatal.
Finalmente, los acuerdos de Paz han abierto agendas integrales que trabajan en la solución problemas estructurales como por ejemplo la inclusión social, desde el enfoque diferencial étnico, la tenencia de la tierra, la educación, los sistemas agroalimentarios, entre otros aspectos que reivindican los derechos de las poblaciones, pero que avanza a paso lento y con muchas complicaciones.
También las mismas comunidades han construido y desarrollado propuesta de acción desde y para las comunidades, es la Agenda Pazcífico, que parten desde los significados de la Paz en los territorios.
“Por lo tanto nos preguntamos: ¿Qué significa y en que consiste la Paz en el Pacífico? ¿Cómo generar inclusión a partir de la paz? La paz sin los territorios y los liderazgos locales será una paz excluyente, ya que no se tendría en cuenta el conocimiento de la realidad en los territorios como factor de equidad (…), queremos entender la paz como un tema estructural no coyuntural, con gestos de paz tanto desde los grupos armados como desde el Estado para reducir las brechas”, sostiene el documento que reseña los planes de la Agenda Pazcífico.
CI AO/CC/03/07/18/11:16
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